“LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN”
Coordinador: Martín Villar

Dra. Miriam Mabel Ivanega
Tema centrales de la exposición:

• Diferencias existentes entre las medidas preventivas y correctivas;
• Puntualizó que dentro de la Administración Pública, como instrumento de prevención fundamentalmente, los organismos con competencia específica en la materia – para la prevención de la corrupción y el fraude Fiscal – deben tener la independencia funcional y presupuestaria suficiente. Enfatizó asimismo, la necesidad de que en la práctica esto se respete;
• Destacó la conciencia social, responsabilidad y efectividad en el control de la Administración Pública, y la importancia de la autarquía funcional.
  
  

Dra. Irmgard Lepenies
Temas centrales de la exposición:

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Coordinador:  Jorge Fernández

       En el transcurso de la exposición se trataron los temas que se detallan a continuación, vinculados con la Unidad de Información Financiera (U.I.F.): Su creación en el año 2000, la autarquía funcional y presupuestaria que la rige, su constitución y funciones actuales.
       Se hizo referencia al contenido de la ley de financiamiento de terrorismo, dictada en el año 2007 como consecuencia de las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar que nuestro país sea considerado uno de los Países No Cooperadores, circunstancia que originaría dificultades de convivencia en la comunidad financiera internacional (F.M.I., B.M., B.I.D.), así como también de la actual no cooperación entre los distintos Organismos de control del estado sobre la materia a nivel nacional.
       Adicionalmente, se procedió a analizar al Delito de Lavado de Activos y su relación con la evasión y las facturas apócrifas.
       Por último, se desarrolló el tema de lavado de activos relacionado con la pérdida por parte del estado de la soberanía territorial a nivel global y las redes terroristas, sus motivaciones, fuentes y financiamiento legítimas e ilegítimas.
       Como conclusión, se hizo referencia a la necesidad de tipificar el delito de Lavado de Activos como un delito autónomo dentro de nuestro Código Penal y no como un delito de encubrimiento de un delito precedente, con las consiguientes sanciones por parte del GAFI si no es tipificado.

SOBRE EL ROL DE JUEZ EN LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Coordinadora Mercedes Casas

Dra. Alejandra Petrella

Presentación:
  Jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario (por concurso) de la Ciudad de Buenos Aires.
   Ex Abogada del Estado y ex directora de asuntos contenciosos de la Secretaría de Medio Ambiente.
   Profesora de grado y de posgrado de Derecho Administrativo.
   Autora de distintas publicaciones sobre su especialidad y disertante en numerosos congresos y seminarios sobre temas de su incumbencia.

Exposición:
   En primer término ratificó la importancia del nuevo status de la Ciudad en su condición de autónoma a partir de la reforma constitucional de 1994. Al respecto advirtió que si bien existen distintas posiciones acerca del contenido del concepto de autonomía, lo cierto es que entenderla como tal permite interesarse y por ende introducirse en la normativa local.
   En segundo término se refirió a las normas que directa o indirectamente están dirigidas a prevenir la corrupción de la Administración empezando por la constitución de la Ciudad. Puso de resaltó el artículo 1 que dispone que “todos los actos de gobierno son públicos” y el art. 56 que establece la responsabilidad personal de los funcionarios públicos “por los daños que ocasionen y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose de sus facultades legales”. Mencionó asimismo otras normas contenidas en la ley de contrataciones y la de empleo público que disponen principios destinados a dar transparencia a la actividad de la administración.
   Luego hizo mención de los distintos organismos que actúan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad con la función de control, adentrándose en particular al rol específico de los jueces con un control pleno e integral sobre los actos administrativos. Advirtió, sin embargo, que dicho control puede ser ejercido a instancia de parte por lo que la función de los jueces debe ir acompañada indefectiblemente por un compromiso de la administración de garantizar la calidad institucional.
   Finalmente, recordó el fallo “Latinoconsult S.A. Proel Sudamericana S.A. Harinas S.A. (Unión Transitoria de Empresas) y Otros c/GCBA s/otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no est.”, exp. nº239 suscripto en su carácter de jueza del Juzgado Nº12 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en el que, más allá del tema de fondo discutido, se puso en evidencia la tercerización por parte del GCBA de una función típicamente estatal como lo es la de control.

Dr. Horacio G. Corti

Presentación:
    Juez de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria (por concurso) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recientemente electo (por sus pares) como Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
   Doctor en Derecho por Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires , con una calificación de Sobresaliente
   Profesor Adjunto Regular en la asignatura “Finanzas Públicas y Derecho Tributario” de la UBA y profesor de posgrado en dicha especialidad en diversas universidades.
   Entre sus numerosas publicaciones cabe destacar el libro “Derecho Constitucional Presupuestario” recientemente publicado por la editorial Lexis Nexis.

Exposición:
   El Dr. Corti destacó, en función de su rol de juez en la justicia contencioso administrativa de la Ciudad, la importancia del “Proceso Contencioso” y la amplitud de éste en cuanto a su acceso y contenido de discusión, como herramienta para prevenir la corrupción en la Administración. Y, claro está, como contracara, sostuvo que cualquier limitación a dicho proceso acota la posibilidad de control por parte de los jueces.
   A modo de balance, expuso los aspectos positivos que hoy caracterizan a dicho proceso en el ámbito de la Ciudad, así como también los puntos que se proyectan modificar y que, en principio, generan algo preocupación teniendo en cuenta la función preventiva del proceso inicialmente referida.
            En cuanto a los aspectos positivos, recordó la acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 113 inc. 2 de la Constitución de la CABA), la acción de amparo y su extensa legitimación para interponerla, y, finalmente, la inclusión dentro del debate propuesto por las partes de las políticas públicas y de su eficacia con respecto a los derechos fundamentales de las personas consagrados expresamente tanto en la Constitución Nacional como en la de la Ciudad. En particular, hizo mención de las causas: “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)”, expte 23360 / 0, “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)” , Expte: 17091 / 0, “Mansilla María Mercedes contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCBA)” , Expte: 13817 / 0, “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)” , Expte: 20898 / 0
   Contrariamente a este panorama alentador, expuso cierta preocupación por algunos proyectos de reforma o simples intenciones de cambio hechas públicas en los últimos días.
   Por un lado, la propósito de acotar la legitimación en el acceso a la justicia, en particular respecto de la acción de amparo.
   Por otra parte, quitarle a la tutela cautelar su finalidad misma que es aquella de buscar hacer efectiva una sentencia posterior. Esta inquietud nace básicamente a raíz un proyecto de reforma de la Ley 189 que establece en su art. 178, entre otras cosas, que “No proceden las medidas cautelares contra el Gobierno de la Ciudad o cualquiera de sus organismos o reparticiones, centralizadas o descentralizadas cuando los eventuales perjuicios puedan repararse mediante una indemnización”.
   A modo de conclusión, expresa que si bien los aspectos positivos mencionados son relevantes a los fines de garantizar un proceso contencioso como herramienta preventiva de corrupción, también existen algunos planteos que, de concretarse, podrán obstaculizar o, al menos opacar dicha finalidad.