El gobierno argentino detectó importaciones irregulares de automóviles a través de Embajadas
Aún continúa la investigación por la llamada causa de los “autos truchos”, la cual surgió a partir detección de serias irregularidades en las ventas a particulares de automóviles importados para uso exclusivo de diplomáticos.
La inusual cantidad de vehículos de lujo que pasaron al mercado automotor fue justamente lo que llamó la atención de las autoridades y derivó en la investigación judicial. La Justicia tiene dos causas. La primera se abrió por denuncia de la Cancillería tras un sumario interno, y la segunda, a instancias de la propia Aduana. De 2004 a la actualidad se importaron con esta modalidad -libres de impuestos- casi un millar de automóviles.
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Autos truchos: un viejo decreto enfrenta a Cancillería y Aduana
Cuando la Cancillería presentó el lunes 21 su denuncia penal sobre la detección de irregularidades en las ventas a particulares de vehículos importados para uso exclusivo de diplomáticos, se desató una pelea con la Aduana, a la que se le cuestionó no haber frenado los automóviles investigados.
Fue la Aduana la que presentó por su lado una denuncia ante el juzgado de Marcelo Aguinsky. Ello originó que el magistrado, que investiga el delito de contrabando agravado de vehículos, le preguntara al Ministerio de Relaciones Exteriores si era cierto que jamás le comunicó la normativa al servicio aduanero sobre el régimen de franquicias diplomáticas, tal como denunció la Aduana.
Ahora, según el documento al que accedió Clarín, la directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Paula Sidotti, reconoció ante Aguinsky que, efectivamente, la normativa "no fue comunicada oficialmente por Ceremonial a la Administración Nacional de Aduanas", ni "publicada en el Boletín Oficial". Ello genera contradicciones entre los vehículos que están permitidos y los que finalmente importaron algunos funcionarios extranjeros bajo el beneficio de la exención impositiva.
Vale traer a cuenta la legislación en la que Cancillería basó su denuncia sobre irregularidades en la importación y nacionalización de vehículos diplomáticos. El viejo decreto 25/70, que parece haberse violado bastante. El decreto reglamentó las leyes nacionales y las convenciones internacionales -como la de Viena- referidas a los diplomáticos.
Según una decisión administrativa de 2002, la Dirección Nacional de Ceremonial de la Cancillería es el órgano que elabora, interpreta y aplica la reglamentación del régimen de franquicias a todas las Embajadas y misiones extranjeras y argentinas acreditadas en el país. El lunes, el canciller Jorge Taiana informó que el entonces jefe del área de Franquicias, Jorge Matas, había sido apartado del cargo. Por la normativa, los funcionarios de Embajadas pueden introducir un auto con franquicia para uso personal, y hasta dos los jefes de misiones.
"No podrá transferirse a terceros la propiedad de los vehículos por un plazo de cuatro años desde la fecha de su libramiento a plaza". Cumplido el tiempo, la nacionalización podrá efectuarse sin pagar los impuestos antes liberados "con certificado aduanero". Hay excepciones. En los dos primeros años desde su libramiento a plaza, para ser reportados, transferidos a terceros sin el beneficio de la franquicia, cuando se abandona a una aseguradora si hubo un siniestro y pagando los impuestos no pagados. Y claro, si se pagan, todos los tributos. También, se puede transferir el auto a los tres años, pagando el 40% de los impuestos no pagados antes.
Si el diplomático se va del país, el auto puede ser transferido libre de impuestos, a condición de reciprocidad. Esto es que se haga lo mismo en la Embajada argentina del país contraparte. Y también a los 12 meses de la acreditación del diplomático en la Argentina, o cuando el automóvil registre una permanencia aquí no menor a los nueve meses.
Es interesante remarcar que Ceremonial debe vigilar que haya relación directa entre el vehículo importado y el "rango diplomático o administrativo del beneficiario". Según una normativa del año 2000, los autos "coupé, dos puertas y deportivos" no se adecuan a la clase de vehículos que gozan de franquicia, como tampoco los "descapotables, cabriolet, barchetta y sport". Una circular diplomática de 2007 agregó a las restricciones los todoterreno como los Hummer H1 y H2. En la Aduana ratifican que es la primera noticia que tienen.
Fuente: Natasha Niebieskikwiat. Diario Clarín. Lunes 28 de enero de 2008.
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La Aduana se presentaría como querellante en la otra causa
La Aduana se presentaría en las próximas horas como querellante en la causa que investiga el juez penal económico Marcelo Aguinsky por el contrabando de autos con franquicia diplomática, informaron a Clarín fuentes oficiales. En esa causa paralela a la del juez federal Norberto Oyarbide, la Aduana es denunciante. El carácter de querellante le permitirá pedir medidas de prueba para tratar de cobrar los impuestos a la importación que se evadieron al usar franquicias diplomáticas, en algunos casos, para traer Hummer, Porsche u otros autos lujosos al mercado argentino.
Mientras tanto, Aguinsky avanzó ayer en su investigación al requerir a la Inspección General de Justicia que informe los "nombres de personas" que integran sociedades anónimas y SRL que aparecen como propietarias de distintos vehículos cuestionados. Es porque el viernes ordenó interdictar 56 vehículos, entre ellos las Hummer de la Brujita Verón y el Chaqueño Palavecino, pero muchos están a nombre de empresas.
Esos 56 autos son parte de los 96 descubiertos por la Cancillería como muestreo de un total de 960 autos importados entre el 2004 y el 2007 con esas franquicias libres de impuestos.
Fuente: Diario Clarín. Martes 29 de enero de 2008.
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La Corte decide si investiga a siete embajadores por los autos truchos
El juez federal Norberto Oyarbide se declaró ayer incompetente en la causa en la que se investigan irregularidades en la importación de autos lujosos con franquicia diplomática y elevó el expediente a la Corte Suprema de Justicia.
Oyarbide tomó esa decisión luego de analizar un informe de la Cancillería que precisa que 7 de los 15 embajadores investigados, además de diplomáticos de menor rango, siguen en funciones y por lo tanto gozan de inmunidad diplomática por la Convención de Ginebra. La lista incluye a otros 16 diplomáticos en funciones pero de menor rango.
En la causa de Oyarbide figura el actual embajador de Paquistán, Ishtiaq Andraht como importador de un Porsche. Se investiga si cumplió con el plazo mínimo de 9 meses de uso personal o para la Embajada antes de nacionalizarlo y venderlo en el mercado libre de impuestos de importación.
Y como firmantes de autorización para pedir franquicias de sus subordinados -que hasta ahora ninguna fuente puede decir si se trata ni siquiera de una falta menor- los titulares de las Embajadas de Cuba, Aramis Fuente Hernández; de Uruguay, Francisco Bustillo Bonasso; de Rusia, Yury Korchagin; de Marruecos, Larbi Reffouh, de Paraguay, Miryam Torres Segovia y de Chile, Luis Maira.
Oyarbide tomó esa decisión porque la Constitución establece que los diplomáticos extranjeros gozan del privilegio de ser investigados por la Corte. Además, no descarta que "con el devenir de la investigación se conviertan en partícipes de las maniobras".
Es decir, los embajadores o los diplomáticos de menor rango serían partícipes sólo en el caso hipotético de que estén involucrados en una maniobra para importar Hummers, Porsche u otros autos sin pagar impuestos y, por ejemplo, venderlos directamente en el mercado.
Para reafirmar su incompetencia, Oyarbide subrayó que del muestreo de 96 importaciones tomado por una auditoría de la Cancillería "se observaron irregularidades en 78 casos". Por ser del fuero federal y por la denuncia original que hizo el canciller Jorge Taiana, Oyarbide centraliza su causa en la forma "laxa" en que el director de Franquicias de la Cancillería, Jorge Matas, otorgó esos beneficios.
Paralelamente, el otro juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, no se declarará incompetente. Fuentes de su juzgado explicaron a Clarín que Aguinsky investiga el caso como contrabando agravado de autos por una denuncia de la Aduana y empezó a investigar desde los ricos y famosos que los compraron para llegar más adelante a los diplomáticos que pidieron las franquicias. Además, Aguinsky determinó que "más de la mitad" de las 96 franquicias denunciadas por la Cancillería corresponden a diplomáticos que ya se fueron del país.
La jurisprudencia de la Corte establece que en ese caso sí son competentes los jueces de instrucción como Oyarbide y Aguinsky. Este último condenó hace dos años a la ex vicecónsul boliviana Jazmin Roncal de Sallio por el contrabando de un BMW.
La resolución con la incompetencia de Oyarbide llegará seguramente hoy al ministro de la Corte de turno, Juan Carlos Maqueda, pero en fuentes judiciales se estimó que hasta la reunión plenaria del martes 5 de febrero no habrá resoluciones a ese nivel.
A partir de ese día, el máximo tribunal deberá determinar si se queda con la causa, la divide diferenciando a los embajadores en funciones de los que ya se fueron, se la devuelve a Oyarbide o cierra el caso por inexistencia de delito por parte de los embajadores como quisiera la Cancillería ante el escándalo que se desató.
Fuente: Daniel Santoro. Diario Clarín. Martes 29 de enero de 2008.
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La cadena de venta de los autos: Ahora el juez apunta a los intermediarios
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) salió ayer a diferenciar a las agencias concesionarias de las "agencias de venta multimarca" algunas de las cuales están siendo investigadas por la Justicia en el caso de los autos de diplomáticos importados en forma irregular.
La aclaración de ACARA es porque el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky apunta ahora a los vendedores que hicieron de intermediarios entre diplomáticos y ricos y famosos, como la Brujita Verón.
Sucede que las franquicias permiten ahorrar el 58 por ciento del valor del auto que debe pagarse en impuestos a la Aduana, lo que permite altos márgenes de ganancia.
Cuando se supo que el juez Marcelo Aguinsky investiga una centena de vehículos comprados a diplomáticos y luego nacionalizados, varios famosos pusieron el ojo en la tercera pata de este escándalo: las agencias donde los compraron. El folclorista Omar "El Chaqueño" Palavecino afirmó que compró su Hummer en Manrique Automotores; el futbolista Aldo Pedro Duscher, que la agencia Machines le vendió su Hummer H2; un cardiólogo mendocino afirmó que compró su Porsche -uno de sus dos autos- en la agencia de Hugo Pulenta, presidente de Nordenwagen; mientras que otros compradores habrían mencionado a la agencia de Alejandro Minujen. En tanto, ACARA informó que las concesiones de autos "están sujetas a estrictas normas de funcionamiento y auditorías impuestas por el concedente con el objeto de mantener los altísimos estándares de calidad exigidos".
Fuente: Diario Clarín. Miércoles 30 de enero de 2008.
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Para la AFIP hay evasión en maniobras de autos diplomáticos
La investigación por el posible contrabando de automóviles de lujo a través de franquicias irregulares de diplomáticos extranjeros se va complejizando cada vez más. No sólo comenzó a intervenir en esta trama la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sino que a su vez los investigadores revelaron que detectaron a dos gestores que actuaron como intermediarios en las operaciones realizadas entre la Cancillería, las embajadas y los compradores.
La AFIP tiene los datos de las personas y empresas que acreditan ser los poseedores de las más de 100 unidades investigadas, y comenzó a cruzar información para saber si los vehículos estaban efectivamente declarados en las últimas presentaciones de Bienes Personales.
El organismo que dirige Alberto Abad pedirá información sobre las cuentas desde las cuales salió el dinero para realizar los pagos de los automóviles y camionetas todoterreno.
A su vez, la AFIP llamará a las agencias de automóviles involucrados para saber si cumplieron con los requisitos legales de comercialización de las unidades.
Desde el organismo recaudador aseguraron que los primeros movimientos detectaron al menos cuatro irregularidades, al comparar los listados de los propietarios y las sociedades que habrían adquirido estos rodados con el banco de datos interno de la AFIP, según publicó Ámbito Financiero.
Las personas que figuran como propietarios de dos unidades son dos monotributistas que como máximo facturarían unos $144.000 anuales. Los autos que se les adjudican son: un Porsche 911 (cuyo precio de compra fue de más de u$s110.000) y uno de los famosos Hummer (con un valor de 110.000 dólares).
Hay además dos casos donde la persona que figura en los listados ni siquiera incluyó las unidades en su declaración de Bienes Personales. La AFIP está controlando también que el precio de venta de los automóviles comprados por las personas y sociedades coincida con el valor presentado en la declaración del impuesto a la riqueza.
La semana pasada se desencadenó el escándalo, a partir de una denuncia de la Cancillería, que alertó sobre irregularidades en los procesos de importación y nacionalización de los vehículos. La maniobra consistía en la importación de autos libre de impuestos, su posterior nacionalización y venta en el mercado, antes del plazo legal estipulado, que nunca es menor a nueve meses desde el ingreso del coche en el país.
Ya hay en la Justicia dos causas abiertas sobre el tema. Una de ellas involucra a 33 funcionarios extranjeros en actividad, siete de los cuales son embajadores, por lo que el caso se elevó a la Corte Suprema.
La AFIP avanzará también en la forma en que se realizaron las operaciones de adquisición de los automóviles, para saber si los compradores tenían declarado el dinero por el cual tomaron posesión de los vehículos.
El organismo sospechaba que estas unidades eran adquiridas, en realidad, para uso personal, pero se colocaban como bienes de las sociedades para pagar menos impuestos, cuestión que está en plena investigación por parte del organismo.
Se comprobó que varias de estas sociedades figuran en el listado que maneja el juez Marcelo Aguinsky. De confirmarse que las empresas anotaron el rodado como bien de capital cuando era para uso personal, y que además está involucrado en una causa de contrabando, la penalización será más grave.
Hay que aclarar que se trata de vehículos deportivos y de valores de por encima de los u$s 80.000, con lo que sería difícil demostrar que efectivamente estaban afectados a la producción de bienes o a la prestación de servicios.
Por otro lado, se supo que el juez Aguinsky se alejará de la causa y pedirá su sorteo. Sucede que el magistrado tomó la presentación judicial de la Cancillería al ser el único tribunal penal tributario abierto en la feria judicial de enero, con lo que, según su visión, correspondería ahora un sorteo para saber quién continuará con la investigación. El sorteo se realizará este viernes a las 7.30.
Los investigadores revelaron que dos gestores están vinculados con la causa, se trata Néstor Rubén González y Pablo Rodolfo Rodríguez.
Ambos actuaron en los trámites de importación, nacionalización y posterior venta de una veintena de coches. Representaron a funcionarios de más de 10 embajadas, entre ellas las de Bolivia, Paquistán y países africanos, según publicó La Nación.
El nombre de Rodríguez, aparece mencionado en el Informe de Auditoría 25/07 de la Cancillería, con el que se inició la causa judicial. Allí dice que, entre 2006 y 2007, el gestor intervino en siete trámites de nacionalización, en representación de tres embajadas, "dos de Europa oriental y una del Caribe". Se encargó de gestionar la nacionalización de un BMW 320D, un BMW 325 i, un Infiniti FX 35, un Toyota Yasuki Coatar y un Porsche 911, entre otros.
El caso de González, titular de la empresa Bayres Trading, forma parte del anexo del informe de auditoría, que también está en poder de la Justicia. Fuentes calificadas dijeron que representaba a por lo menos diez embajadas y se especializaba en la importación de vehículos Hummer y Porsche.
Alvaro Gonzales Quint, el ex cónsul de Bolivia en Buenos Aires denunció que González y Bayres Trading estuvieron a cargo de todo el procedimiento para el ingreso y reventa de los vehículos.
"La misión diplomática de Bolivia gestionaba las liberaciones de vehículos a través de la empresa Bayres Trading, de propiedad del señor Néstor González, quien ofrecía vehículos a los funcionarios y efectuaba los trámites ante las reparticiones de la Cancillería argentina, donde tenía ingreso irrestricto", dijo el funcionario, en una carta publicada en el diario La Prensa, de Bolivia.
El diplomático aseguró allí que los solicitantes "no tenían facultad para indagar sobre las posibles connivencias" entre funcionarios de la Cancillería argentina y estos intermediarios. "Es cierto que esos vehículos, pasado cierto tiempo, podían ser nacionalizados e ingresados en el mercado argentino, pero en todo caso la ley argentina así lo permitía. El funcionario diplomático sólo lo transfería, sin tener responsabilidad sobre el pago de impuestos, obtención de placas o seguros para los compradores", agregó.
Tanto González como Rodríguez tendrían un papel clave pues ambos podrían haber operado como los nexos entre las representaciones extranjeras, los concesionarios y el departamento de Franquicias del Palacio San Martín en los trámites para el ingreso, la nacionalización y la venta de los autos de lujo, en muchos casos, por fuera de los límites en vigor para este tipo de operaciones.
Esa hipótesis es incluso sustentada por los dichos de Gonzales Quint. "Bayres Trading hacía toda la tarea. Todos los funcionarios diplomáticos efectuaron el mismo procedimiento, idéntico en la forma y la relación con el intermediario", aseguró el ex cónsul en la carta.
"Todas las franquicias eran controladas y autorizadas por los jefes de misión y las cancillerías", concluyó.
La auditoría señala severas irregularidades en el funcionamiento de la Dirección de Ceremonial, de la que depende el Departamento de Franquicias. Según el documento en poder de la Justicia, esa repartición "extravió" la documentación con los registros de las franquicias concedidas en 2004, 2005 y 2006. "Se destruyeron documentos", dijo una fuente de la investigación.
Fuente: Diario Infobae Profesional. Jueves 31 de enero de 2008.
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Autos truchos: la Corte podría delegar la causa en Oyarbide
La causa en la que se investigará si diplomáticos extranjeros están involucrados en la venta ilegal de lujosos automóviles importados con franquicias impositivas, seguramente terminará de nuevo en manos del juez federal Norberto Oyarbide. Así lo estimaron fuentes de la Corte Suprema y así creen que pasará en los tribunales federales de Comodoro Py.
"En diez días tenemos la causa de nuevo acá", vaticinó ante este diario una fuente de la Justicia Federal. Fuentes de la Corte recordaron que este camino fue el elegido en las últimas causas similares que llegaron al alto tribunal. Es decir, la Corte mantendrá su competencia para intervenir en casos con diplomáticos pero delegaría la investigación en el juez de instrucción, en este caso Oyarbide.
Oyarbide se declaró incompetente la semana pasada y pateó la pelota hacia la Corte, justamente por la posibilidad de que los diplomáticos terminen involucrados en la causa. En su primera decisión del año, el máximo tribunal resolvió pedirle opinión en forma "urgente" al procurador general, Esteban Righi, quien esta semana emitiría su dictamen.
La Justicia ya constató que siete de los quince embajadores que habían tramitado la importación de vehículos que luego terminaron ilegalmente en manos de particulares, todavía se encuentran en funciones en el país. Por ello, sólo la Corte podría someterlos a proceso. Cuando Oyarbide encuentre elementos para una eventual citación a indagatoria, eso sólo podrá ser decidido por los jueces de la Corte.
La causa iniciada hace dos semanas por denuncia de la propia Cancillería involucra a casi un centenar de vehículos importados no sólo por embajadores sino por diplomáticos de rangos menores. La base de esa denuncia fue un sumario realizado dentro de la Cancillería que terminó con la separación de su cargo del ex jefe del Departamento de Franquicias, Jorge Matas.
La auditoría, según pudo saber Clarín, encontró "diferencias" entre lo que informaron los departamentos de Franquicias y Acreditaciones respecto de las fechas del "cese" de los funcionarios que ya dejaron el país. El cambio de fechas habría sido clave para la realización de las maniobras, según evaluaron en Tribunales. Es que los vehículos pasaron al mercado de venta y compra de automóviles antes de que hubiera vencido el plazo permitido para ello. Algunos de ellos ni siquiera llegaron a ser usados por los diplomáticos ya que no registraron sus patentes especiales de color blanco.
En su edición del último domingo, Clarín informó del caso del ex embajador paraguayo Orlando Fiorotto Sánchez, quien reveló que le ofrecieron "hasta 20 mil dólares" para hacer uso de su derecho de importación libre de impuestos. "Son gestores de mucha experiencia en el rubro de la compra de franquicias, muy conocidos en el ámbito del mercado de automóviles de Buenos Aires", dijo sobre los supuestos responsables de la maniobra.
El juez Jorge Brugo investiga en forma paralela la evasión impositiva y el presunto contrabando de los costosos vehículos importados.
Fuente: Diario Clarín. Lunes 4 de febrero de 2008.
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La AFIP busca evasores entre los dueños
de 13.200 vehículos de lujo
La Administración Federal de Ingresos Públicos tiene en la mira a los dueños de 13.200 autos de lujo, con valores superiores a 150.000 pesos, que fueron patentados entre 2004 y 2007. Cree que allí puede estar la punta de un ovillo que le permita descubrir casos de evasión que involucren otras fuentes de riqueza no declaradas por sus titulares, como inmuebles y depósitos bancarios.
Las operaciones de compra que están siendo investigadas incluyen a vehículos de marcas como Audi, BMW, Mercedes Benz, Volvo, Land Rover y una gran variedad de camionetas del tipo 4 por 4. Además aparecen, aunque en menor cantidad, Porsche, Ferrari y Hummer, que son el nexo entre esta investigación y la causa judicial abierta por la importación de vehículos con franquicia diplomática.
El organismo ya comenzó a citar a sus dependencias a quienes figuran como titulares de estos vehículos en el Registro Automotor. Lo que pretende establecer en primer lugar es si incluyeron los autos en las declaraciones juradas del impuesto sobre los Bienes Personales. Y si los pagos del impuesto a las Ganancias tienen correspondencia con la manifestación de riqueza que implica ser dueño de un auto de ese valor.
Los titulares de 86 autos ya tuvieron que pasar a dar explicaciones ante los funcionarios del ente de recaudación. De esa cifra, 52 de los casos no estaban declarados en Bienes Personales. Regularizar esa situación les costó, globalmente, 1 millón de pesos -casi $ 20.000 por cabeza- que fueron a las cuentas del Fisco. Todos los involucrados aceptaron la observación y pagaron sin chistar, revelaron a este diario en la AFIP. Al pasar los casos por el filtro, también aparecieron varios vehículos cuyos titulares figuraban como monotributistas, es decir trabajadores independientes que facturan como tope anual un máximo de 144.000 pesos.
Los que compraron el auto el año pasado y todavía no fueron citados van a recibir una comunicación escrita que les refrescará la memoria. Irá como acompañamiento de la carta que tradicionalmente envía la AFIP en marzo a casi 1 millón de personas para recordarles que está cerca el vencimiento anual del impuesto sobre los Bienes Personales. "Recibirán una hojita adicional que les recordará que en 2007 patentaron un auto de tales características y valor . Y les preguntaremos si se acordó de incluirlo en la declaración jurada que debe presentar este año", adelantaron en la AFIP.
"La línea argumental de este procedimiento es siempre la misma: trabajar sobre las manifestaciones de riqueza, en lugar de ir caso por caso para averiguar qué tiene cada contribuyente. En 2002 la punta de ovillo fueron los giros de dólares al exterior. Y en años posteriores trabajamos sobre los inmuebles, los autos o los movimientos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Así, el riesgo de ser detectado aumenta enormemente para el que no está en regla", explicó a Clarín el titular de la AFIP, Alberto Abad.
En 2007 la venta de autos cero kilómetro fue récord, con 570.000 unidades. En la AFIP los sistemas informáticos ya están operando para separar "la crema" de este movimiento de dinero varias veces millonario: todos los patentamientos por valores mayores a $ 100.000 quedan automáticamente agrupados en una lista que será puesta bajo la lupa de los expertos. Cruzarán datos de los titulares con su base de datos y de allí saltarán los casos en que se registren inconsistencias. El paso siguiente será citar a esas personas para que ofrezcan la explicación del caso.
El dinero que mueve el negocio de la compra y venta de autos en la Argentina es una obsesión para los recaudadores. Por eso en los últimos años se armó un complejo esquema de control de operaciones que incluye no sólo a los cero kilómetro sino también a los autos usados.
El año pasado la venta de estos últimos trepó a 1,4 millón de unidades y la AFIP sospecha que una buena cantidad de esas operaciones se sigue haciendo de manera informal.
Empresas vigiladas
No sólo los particulares de a pié o los diplomáticos aparecen involucrados en operaciones poco transparentes de compra de vehículos de alta gama. También hay empresas que están en la mira de los recaudadores. Más exactamente 400 firmas que compraron entre 2006 y 2007 un total de 439 autos, por valores individuales que superan los 100.000 pesos. Esos autos fueron puestos a nombre de sociedades y, por consiguiente, las empresas deducen de IVA y Ganancias parte de lo que gastan por la compra y el mantenimiento.
De ese total, hay 100 vehículos cuyos valores superan los 200.000 pesos por unidad.
Según revelaron a este diario en la AFIP, los funcionarios presumen que los autos pertenecen a dueños y directivos de las empresas y que los ponen a nombre de sociedades "para deducir gastos improcedentes". El criterio fiscal es que sólo se puede deducir el costo del auto cuando forma parte de los bienes utilizados por las empresas para prestar un servicio o producir un bien. Y ponen como ejemplo una firma que transporta mercaderías, una remisería o una empresa de colectivos, entre otras.
Fuente: Jorge Luis Velásquez. Diario Clarín. Martes 5 de febrero de 2008.
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Destituyen al interventor del departamento de Franciquicias, Automotores e IVA
Mientras el juez en lo penal económico Jorge Brugo espera las tres computadoras que ordenó secuestrar de la Cancillería esta semana por el caso de los autos importados con franquicias diplomáticas, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, decidió ayer por la tarde cesar en sus funciones a Eduardo Michel, quien había desembarcado en diciembre como interventor en el departamento de Franquicias, Automotores e IVA, para investigar las irregularidades cometidas en el área. Fue el mismo Michel quien elevó un descargo al canciller al darse cuenta del error en el que había incurrido al proseguir la finalización de un trámite para “una camioneta Hummer pedida por el agregado militar de un país de la región”, según informaron fuentes de la cartera de Relaciones Exteriores. El departamento de Franquicias solicitó por nota “al Registro de la Propiedad Automotor el pronto despacho de la cédula verde de un vehículo observado por la auditoría”. Michel había sido designado para elevar un informe de investigación, luego de que se descubriera que algunos vehículos importados y con franquicia diplomática estaban en venta en concesionarias de autos y en manos de ricos y famosos como el folklorista El Chaqueño Palavecino y el futbolista Juan Sebastián Verón.
Fuente: Diario Página 12. Miércoles 6 de febrero de 2008.
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Fricciones entre la Aduana y la Cancillería por los autos truchos
En lo que ya se convirtió en un juego de fricciones entre organismos del Gobierno, la Administración Nacional de Aduanas negó ayer algún tipo de responsabilidad en el caso de los lujosos automóviles importados para diplomáticos que fueron comercializados luego ilegalmente en el mercado local. Sus voceros oficiales adjudicaron a la Cancillería todo el control de la operatoria que ahora es analizada por la Justicia por el presunto contrabando de los vehículos.
"El único rol de la Aduana era el de chequear que el vehículo autorizado por Cancillería para ser ingresado al país fuera exactamente ése y que lo retirara el diplomático que había sido autorizado a retirarlo", dijeron los voceros del organismo conducido por Ricardo Echegaray. "Si estaban mal concedidos los permisos o lo que pasaba después con los autos, eso no es responsabilidad de la Aduana", agregaron.
Clarín había informado el martes que la Justicia cree que en este caso hubo una "red de concesionarios" que actuaron con "empleados infieles" de la Cancillería y la Aduana. La investigación recién empieza y falta cruzar una serie de datos para arrojar más luz sobre los responsables, según destacaron en Tribunales. El martes rodó la segunda cabeza en la Cancillería. Fue desplazado Eduardo Michel, quien había asumido en el Departamento de Franquicias en reemplazo del también removido Jorge Matas.
En la Aduana recordaron que la normativa que rige para estos casos se maneja con la Convención de Viena, es aplicada por la Cancillería y no ingresa en la categoría de "comercio exterior". "Hicimos la denuncia y ahora resulta que somos sospechosos", se quejó una fuente de la Aduana.
Para reforzar la postura del organismo a cargo de Echegaray, la Cancillería admitió ante la Justicia que no había informado a la Aduana sobre una medida tomada el año pasado que prohibía la importación para diplomáticos de automóviles "tipo cupé, deportivos, descapotables, cabriolet, sport" y las "todoterreno Hummer H1 y H2", que destaparon el escándalo. Fue en un oficio firmado por la directora general de Asuntos Jurídicos de Cancillería, Paula Sidoti, y enviado a Tribunales el 24 de enero.
La inusual cantidad de este tipo de camionetas que pasaron al mercado automotor fue justamente lo que llamó la atención de las autoridades y derivó en la investigación judicial. La Justicia tiene dos causas. La primera se abrió por denuncia de la Cancillería tras un sumario interno, y la segunda, a instancias de la propia Aduana. De 2004 a la actualidad se importaron con esta modalidad -libres de impuestos- casi un millar de automóviles.
Cancillería ya había dejado a la Aduana en una posición incómoda cuando denunció ante la Justicia -y sin avisar a los aduaneros- lo que se había descubierto en una auditoría realizada entre agosto y noviembre. La Aduana hizo su propia denuncia en el fuero Penal Económico. Esta causa es la más avanzada.
Fuentes de la Cancillería admitieron que no avisaron de su denuncia a la Aduana, aunque afirman que sí le habían avisado antes de la auditoría. En Cancillería aclararon que su investigación abarca a lo que hicieron sus funcionarios y empleados y no a los de otros organismos. Aunque admiten que la operatoria precisaba de más gente fuera del Palacio San Martín.
La primera denuncia fue enviada por el juez federal, Norberto Oyarbide, a la Corte Suprema ante la posibilidad de que terminen acusados diplomáticos extranjeros a los que sólo puede someter a proceso el máximo tribunal. La Corte le va a devolver el expediente a Oyarbide (ver Recomendación...). En cambio, la otra causa es tramitada en el fuero Penal Económico por el juez Jorge Brugo.
Este último magistrado ya recibió las tres computadoras solicitadas a la Cancillería. Son las que se usaban en el Departamento de Franquicias que otorgó los permisos de importación de los vehículos analizados. También tiene en su poder el CPU de la computadora que usaba el desplazado jefe de ese departamento, Jorge Matas, que había sido sacada de la Cancillería y enviada a un depósito.
Fuente: Lucio Fernández Moore. Diario Clarín. Jueves 7 de febrero de 2008.
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Autos diplomáticos: deberán pagar todo el impuesto al nacionalizarlos
El Gobierno anunció ayer su decisión de poner punto final a un decreto de 1970 que reglamentaba la importación de vehículos diplomáticos y su nacionalización, tema que es eje de un escándalo y de dos investigaciones judiciales paralelas por usos indebidos del mismo.
Ahora, el decreto 235 rubricado por la presidenta Cristina Kirchner, y hecho público ayer por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el canciller Jorge Taiana, impondrá, entre otras restricciones, que en todos los casos cuando los funcionarios extranjeros quieran vender al mercado local autos que al entrar al país gozaron de la exención impositiva para diplomáticos, tengan que pagar la totalidad de los tributos de los que habían sido eximidos.
Habrá también mayores controles entre la Cancillería -la encargada de autorizar las franquicias-, AFIP y el Registro de la Propiedad del Automotor; una informatización de los registros y el reempadronamiento de los casi 1.500 autos diplomáticos que circulan en el país. De ahora en más, no se podrán importar autos que no tengan licencia de configuración homologada por la Secretaría de Industria y que rige para todos los ciudadanos como los Hummers y los Lamborghini.
En la conferencia de prensa que dieron ayer Fernández y Taiana, en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete señaló que fueron "las situaciones abusivas" que el el decreto 25/70 "permitía" las que impulsaron al Gobierno a imponer una nueva legislación, que estará vigente cuando sea publicada en el Boletín Oficial.
Además, Fernández cargó por la "inacción" contra gestiones "anteriores" de la Cancillería. No hizo nombres, pero tampoco aclaró si allí incluía la gestión del ex canciller Rafael Bielsa.
Taiana subrayó que "todas las personas que quieran transformar un vehículo extranjero que tiene placa diplomática en un vehículo normal, argentino, con placas argentinas, que pueda venderse a un argentino, deberá pagar todos los impuestos que pagan todos los argentinos".
Se acabará la desgravación por plazos y por cese de misión, y se buscará eliminar flexibilidades que rigen por acuerdo bilateral con otros países. Las exenciones al momento de nacionalizarlos iban desde el 60% al 40% de los impuestos, en algunos casos, a la desgravación total después de los cuatro años de importación del vehículo.
El 22 de enero, la Cancillería hizo públicos los resultados de una auditoría interna que detectó "serias irregularidades" -según trancribe el decreto de la Presidenta ayer- en la nacionalización de casi un centenar de autos con franquicia. Taiana presentó una denuncia penal, por la que ya se abrieron dos investigaciones judiciales, que incluye a diplomáticos como a personas de alto poder adquisitivo y famosos.
Hasta el momento, dos funcionarios del Area de Franquicias de Exteriores -donde se otorgan y se controlaban hasta ahora los beneficios- fueron desplazados de su cargo, y uno de ellos sumariado.
Ayer, el canciller explicó los alcances del decreto 235 que, aseguró, "cambia radicalmente" el régimen de nacionalización anterior, cumpliendo la Argentina a su vez con lo dispuesto por la Convención de Viena, de 1961. Esta rige los derechos y obligaciones de los diplomáticos. Y es un privilegio internacional de todos ellos gozar de franquicias en la importación de automóviles.
La nueva normativa establece otras restricciones. El pago de los tributos cuando se nacionalice el vehículo estarán calculados sobre el valor del automotor al momento de su venta (es decir, el valor de mercado) por la Superintendencia de Seguros, lo que no figuraba en el decreto anterior y permitía que sólo llegaran a la Cancillería facturas que manejaban incluso los gestores.
Fuente: Natasha Niebieskikwiat. Diario Clarín. Viernes 8 de febrero de 2008.
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Autos truchos: investigan a los diplomáticos que aún tienen destino en el país
Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que por ahora rechazó intervenir en la causa por el tráfico de autos con franquicia diplomática, la fiscal María Luz Rivas Diez decidió ampliar su investigación a los vehículos importados por representantes de delegaciones extranjeras que aún están en funciones en el país. Así lo revelaron a Clarín fuentes de la investigación.
La fiscal ya analizaba junto al juez Jorge Brugo en el fuero Penal Económico los casos de diplomáticos que se fueron del país. En cambio, ahora, tras el fallo de la Corte, la pesquisa se ampliará a los vehículos importados por diplomáticos extranjeros que aún cumplen funciones en el país. Se trata de vehículos que terminaron ilegalmente en manos de particulares.
Según le informó la Cancillería a la Justicia, siete de los quince embajadores involucrados (es decir, que pidieron automóviles con franquicia y que luego pasaron a manos particulares sin cumplir los plazos legales) están todavía en funciones en el país. Además, hay otros 16 diplomáticos de menor rango todavía acreditados ante el Palacio San Martín.
La Corte resolvió devolver la semana pasada al juez federal Norberto Oyarbide la primera causa abierta por este tema. Dijo que es prematura su intervención por cuanto hasta el momento no hay ninguna imputación concreta contra representantes de delegaciones extranjeras. La Corte es el único tribunal nacional facultado a someter a proceso penal a diplomáticos de países extranjeros.
Oyarbide se encuentra de vacaciones y en su reemplazo actuará hasta fines de febrero su colega María Servini de Cubría. Esta causa tiene como objetivo determinar si hubo funcionarios públicos que cometieron delito. La causa fue abierta por denuncia de la Cancillería, que fue a la Justicia el 21 de enero con el resultado de una auditoría llevada a cabo el año pasado en el área de Franquicias.
En cambio, la causa del fuero Penal Económico fue abierta por denuncia de la Aduana y su objetivo es identificar a los autores del contrabando de los autos, que estaban destinados para diplomáticos y terminaron antes de tiempo en manos de particulares, en su mayoría "ricos y famosos".
A pedido de la fiscal Rivas Diez, el juez Brugo ordenó la semana pasada una serie de allanamientos en concesionarias de automóviles que intervinieron en el caso. También hubo allanamientos en casas particulares y hasta se hicieron "interdicciones" de algunos vehículos, según dijeron a Clarín fuentes judiciales. Los procedimientos estuvieron especialmente orientados hacia los autos importados por agregados militares de las embajadas.
La documentación obtenida en los procedimientos realizados por la Gendarmería fue "muy valiosa" y es analizada para tomar nuevas medidas, según dijeron fuentes cercanas a la investigación. El universo de sospechosos que tiene el juez va desde funcionarios de Cancillería hasta diplomáticos, gestores, concesionarias y los actuales usuarios de los vehículos. Tampoco se descarta que otros empleados o funcionarios estatales estén involucrados en la maniobra.
De acuerdo con fuentes oficiales, la investigación se inició luego de detectarse una inusual "nacionalización" de costosos vehículos importados, entre ellos 26 camionetas del tipo "todoterreno" Hummer. Estos autos, así como las cupé deportivas, estaban expresamente prohibidas de importar. La "nacionalización" del vehículo se da cuando sale del uso diplomático y obtiene su documentación para integrar el parque automotor nacional.
Los vehículos pasaron a manos de particulares antes de que se cumplieran los plazos estableci dos para ello. El mínimo era de nueve meses, pero convenios con algunos países vecinos permitían que ese plazo se redujera a sólo tres meses. Así, los coches adquiridos sin impuestos (lo que reducía su valor a la mitad) era comercializado luego supuestamente a valor de mercado.
El Gobierno anunció la semana pasada la modificación de la normativa vigente sin violar la Convención de Viena que regula estas cuestiones. Así, ahora, cualquier automóvil importado con franquicia para un diplomático deberá pagar todos los impuestos al momento de la nacionalización, sea cual fuere éste.
Fuente: Lucio Fernández Moore. Diario Clarín. Lunes 11 de febrero.
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Las irregularidades con franquicias
Más funcionarios de Cancillería complicados en la causa de los autos importados
El director de Ceremonial y otros cuatro empleados serán indagados por Oyarbide; se les imputa asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario; postergan la declaración de Matas
La lista de funcionarios complicados en la causa por las irregularidades en la nacionalización de autos diplomáticos sigue ampliándose.
Cinco empleados de la Cancillería, entre ellos el director de Ceremonial Marcelo Pujol, fueron citados a prestar declaración indagatoria por el juez federal Norberto Oyarbide, que les imputa los delitos de asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Lista. Además de Pujol, serán indagados por el juez los funcionarios Roberto Barrios, Marisol Rodríguez, María Cristina Santander, y al gestor Pablo Rodríguez.
Con las citaciones, Oyarbide hizo lugar a un pedido del fiscal Patricio Evers, que, al solicitar la indagatoria, había planteado la necesidad de averiguar si en el Ministerio de Relaciones Exteriores funcionaba una organización supuestamente dedicada a burlar el sistema de franquicias diplomáticas. También pretendía dilucidar si en esa supuesta maniobra participaban en forma mancomunada funcionarios, empleados, gestores y diplomáticos.
Postergación. En tanto, Jorge Matas, que fue desplazado de la jefatura del área de ceremonial apenas estalló el escándalo no se presentó hoy ante el juez como estaba previsto.
Debía declarar como sospechoso, pero su abogado presentó un certificado e invocó razones de salud para justificar su ausencia y pedir una nueva prórroga.
Finalmente, el juez dispuso que deberá declarar el 1° de abril próximo, mientras que los cinco nuevos citados lo harán en el transcurso de la última semana de marzo, según consignó la agencia DyN.
Fuente: Diario La Nación, Lunes 10 de marzo de 2008
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Indagatoria a otros cinco funcionarios de Cancillería
Entre ellos está el director de Ceremonial. Lo decidió el juez Oyarbide. Se refuerza la hipótesis de que actuó una banda organizada.
El juez federal Norberto Oyarbide resolvió citar a declaración indagatoria a cinco funcionarios de la Cancillería imputados en la causa por los autos importados, bajo la carátula de asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fuentes judiciales indicaron que Oyarbide resolvió la citaciones y oficializó así la hipótesis que apuntaba la existencia de una banda dedicada a hacer negocios con los autos que gozaban de franquicias impositivas por ser designados, supuestamente, a diplomáticos, con la ayuda de funcionarios de Cancillería.
“Muchos funcionario van a ir presos”, aseguró el juez federal.
Entre los citados se encuentra el director nacional de Ceremonial Marcelo Pujol. Los otros cuatro trabajan junto con Jorge Matas, el principal ex funcionario implicado en la causa. Todos fueron apartados de sus cargos.
Matas debía presentarse hoy a declarar como sospechoso. Sin embargo, había pedido postergación y recién prestará indagatoria el 1 de abril, mientras que los nuevo cinco imputados deberán presentarse en la última semana de marzo.
Fuente: DyN, lunes 10 de marzo de 2008
