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EDITORIAL

No sólo se trata de votar

La democracia más allá del proceso electoral, una responsabilidad ciudadana

Por Raúl E. Roa
Presidente AMFEAFIP
raulroa@amfeafip.org.ar

El voto expresa el momento de máxima igualdad política de la democracia y el acto eleccionario nos recuerda fehacientemente que somos protagonistas de nuestro destino colectivo. No obstante, ocurre con frecuencia que, independientemente de nuestro mayor o menor entusiasmo con los resultados, pasado un tiempo esa convicción se diluye y tendemos a abandonar nuestra suerte en manos de una profesión cual es la de los políticos. Debemos ser conscientes de las consecuencias que esto implica para la calidad de esa democracia, que no es otra cosa que decir la calidad de nuestras vidas.

Claro que hoy en día, tener permanentemente presente esta responsabilidad no resulta sencillo. Debemos admitir que gran parte de los gustos, temores, preferencias y hasta los sentimientos personales más íntimos de millones de ciudadanos son “mediatizados”, por lo cual, los actos electorales no pueden ser la excepción. Las disputas mediáticas de los candidatos ingresan a nuestras vidas cotidianamente a través de retóricas, mensajes subliminales o nuevas promesas de una sociedad mejor, del mismo modo que nos llegan los mensajes del “bienestar eterno” de un banco o una tarjeta de crédito, o la belleza inmediata de un producto de cosmética. Nosotros lo sabemos pero seguimos el juego. ¿Cómo salir de esta peligrosa encrucijada que no hace más que alimentar el círculo vicioso de deslegitimación de la política?

Esto implica un enorme esfuerzo porque estamos más acostumbrados a reclamar de los demás que a realizar nosotros mismos. Por una vez podríamos transgredir la afirmación que reza que “la política es el arte de lo posible”, para intentar decididamente forzar sus límites. ¿O hay otra forma de cambiar lo que no nos gusta?

Afortunadamente los argentinos hemos transitado ininterrumpidamente numerosos procesos electorales, lo cual sin dudas contribuye a consolidar nuestra democracia. Por lo menos en su dimensión formal. Tal vez siga pendiente, como tarea colectiva, mejorar su sustancia y enriquecer sus contenidos (dimensión sustantiva).

Para profundizar el concepto, vale la pena aclarar que la primera hace referencia a existencia de las reglas de juego respetadas por todos los ciudadanos, a la vigencia de las instituciones, a la garantía de los derechos civiles y políticos. La segunda, tiene que ver con las ideologías, los proyectos en disputa, la diversidad de intereses, valores y creencias puestos en juego, el establecimiento de prioridades que siempre definen ganadores y perdedores y con el grado y la forma en que se garantizan los derechos sociales (que, en la medida en que presuponen un umbral mínimo de acceso universal a servicios básicos, constituyen de algún modo, la condición de posibilidad de los anteriores).

Dicho de otro modo, la dimensión formal de la democracia alude al régimen político, o sea, al conjunto de reglas que establecen quién/quiénes están autorizados a tomar decisiones en nombre del conjunto. Si bien se trata de una definición mínima o procedimental, no deja de expresar valores y consensos fundamentales. La existencia de un régimen político democrático presupone un acuerdo básico de la ciudadanía respecto que las decisiones vinculantes para el colectivo las tomará un gobierno surgido de elecciones libres y competitivas (y no un monarca, un grupo de fundamentalistas religiosos o cualquier facción surgida de una guerra de todos contra todos).

Pero obviamente los parámetros normativos de la democracia moderna trascienden ampliamente el acuerdo sobre las reglas de juego. El acceso a la salud, la educación, la justicia, la vivienda o el trabajo digno son derechos ciudadanos reconocidos por cualquier persona, partido o gobierno que se considere democrático. No obstante, existe siempre una brecha entre el reconocimiento formal y la posibilidad real de gozar de esos derechos. Y es en este amplio espacio entre lo ideal y lo real que gobiernos y sociedades deben trabajar.

¿De qué manera? Complementándose en las múltiples actividades que permiten dar respuesta a las expectativas y necesidades colectivas. Si bien es indiscutible que compete a las instancias estatales, que son las que poseen mayores recursos de poder, decidir sobre cuestiones estructurales (definir una política de combate al delito, hacer obra pública o gestionar el comercio exterior), ello no impide que la sociedad civil manifieste su potencialidad de diversas maneras.

Todo sistema político recibe permanentemente muchas más demandas de las que está en condiciones de procesar. De los miles o millones que ingresan a diario, solo algunas de ellas pueden ser satisfechas o respondidas a través de las políticas públicas El resto vuelve a la sociedad como cuestiones irresueltas. Algunas perduran en el tiempo, otras mutan y el resto desaparece.

¿De qué/ quién depende la suerte de aquéllas? De la convicción y grado de movilización de los actores políticos y sociales que las levantan y sostienen. Ciudadanos y organizaciones pueden imponer temas en la agenda pública y /o gubernamental, crear o colaborar con instituciones públicas de gestión no estatal, poner sus recursos y creatividad al servicio de propuestas que puedan generar amplios consensos. Y también pueden recurrir a diversas formas de movilización y protesta social cuando se entiende pertinente.

Aquí vale la pena hacer un paréntesis. Desde hace algunos años vivimos en la Argentina una etapa donde parecería ser que cada demanda se corresponde con una acción directa: corte de calle, piquete, marcha, escrache. El origen puede ser desde la reincorporación de trabajadores a una fábrica hasta un corte de luz, pasando por un amplio abanico de reclamos vinculados a la inseguridad o la denuncia de un hecho de corrupción.

Ahora, independientemente de la mayor o menor legitimidad de los reclamos, lo cual de ningún modo se pone en discusión aquí, parecería ser que su generalización obedece menos a una irresponsabilidad ciudadana que a una sostenida imposibilidad del sistema político- especialmente de algunas instancias estatales- para crear y sostener canales institucionales de diálogo que eviten la protesta social en las calles. Si un hecho que debe ser excepcional se vuelve rutina, más allá de emitir un juicio de valor, es necesario analizar sus causas.

Hasta hace un par de décadas los partidos políticos fueron los encargados de intermediar entre la sociedad y el Estado; de hecho su función constitutiva ha sido la de agregar y encauzar las múltiples demandas sociales hacia las instituciones del Estado. El problema es que la crisis de representación -que se ha manifestado tanto en nuestro país como en la mayoría de las democracias del mundo- ha afectado esa intermediación, lo cual ha conducido básicamente a dos tipos de reacciones antagónicas: por un lado, una apatía ciudadana que se retroalimenta en un cómodo escepticismo, y, por otro, una acción directa sin límites que dificulta considerablemente la convivencia en el espacio público.

Dicho de otro modo, alegando la legítima sensación de que una potencial participación en dicho espacio carecería de cualquier posibilidad de influir en los procesos de toma de decisión, algunos ciudadanos prefieren transitar su vida en el ámbito de lo privado, mientras que otros, con la misma convicción de sus demandas no serán escuchadas en el ámbito institucional, deciden egoístamente apropiarse del espacio público.

De este modo irrumpe sin medias tintas el crucial problema de la gobernabilidad y de la tan mentada calidad de la democracia. Pero, ¿depende sólo del gobierno resolver estas cuestiones?

Se suele expresar que la calidad de la democracia depende de sus instituciones o de sus dirigentes. ¿Pero quién crea las instituciones y elige a los dirigentes?

Como vemos, votar es algo más que adquirir una tarjeta de crédito, comprar el celular de última generación o comer diariamente un mágico yogurt que nos asegura el bienestar permanente. Debemos pensar y reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la participación política. La crítica desprovista de cualquier práctica solo puede contribuir a la reproducción del status quo. Luego del 22 de noviembre, ¿estamos dispuestos a hacer nuestra parte?

 

 

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