Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Americanas

Europa: la tía rica del Mercosur

 

 

Por Vanina Lombardi*, Nodal, 2 marzo de 2018

 

"Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región".

Esta semana se retomaron las negociaciones en busca de cerrar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y el Mercosur, esta vez en Asunción del Paraguay. Desde allí llegan noticias que indican que se acercaría el fin a casi 20 años de discusiones. Sin embargo, los cuestionamientos a este acuerdo se multiplican a uno y otro lado del océano.

En Francia, por ejemplo, los agricultores y ganaderos reclamaron la semana pasada por el cese de las negociaciones, ya que temen que su producción, en particular en la industria cárnica, se vea perjudicada con productos de origen sudamericano. De este lado, en cambio, fueron las cámaras industriales de los cuatro países, así como los sindicados de la industria (con el apoyo de la Confederación Europea de Sindicatos), quienes han difundido en los últimos días documentos en los que reclaman mayor transparencia y participación en las negociaciones, además de más tiempo para poder analizar los posibles impactos y que se reconozcan las diferencias en el nivel de desarrollo.

Es que abrirse al mundo a través de un TLC significaría cerrar oportunidades hacia el interior de los países del Mercosur, ya que pondría en riesgo cuestiones centrales para el desarrollo y la soberanía, como el acceso a la salud, la alimentación y el empleo. Por ejemplo, según un documento elaborado por la Asamblea Argentina mejor sin TLC, se estima que se podrían perder 186.000 puestos de trabajo industriales en la Argentina, y que las empresas nacionales de sectores “sensibles” como textiles, juguetes, marroquinería y muebles se verían seriamente afectadas por el incremento en las importaciones.

Además, se advierte que también está en riesgo el empleo industrial en sectores de larga trayectoria en la Argentina, como metalmecánica y el complejo automotor (uno de los más relevantes en el intercambio comercial entre la Argentina y su principal socio en la región: Brasil).

“Estamos llegando a un TLC similar al ALCA e incluso peor, con condiciones asimétricas de un bloque económico social como el Mercosur con respecto a los países avanzados, por las condiciones y capítulos que agrega”, dijo el economista Jorge Marchini, director de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política (SEPLA), durante un panel de debate sobre las consecuencias que podría tener este tratado en la región.

Marchino advirtió que la percepción social de Europa tiende a ser más positiva que la de los Estados Unidos, pero que el potencial impacto no lo es. “Pareciera que un TLC con Europa sería más moderado en sus efectos, pero estos acuerdos son iguales en todos lados y profundizan las condiciones de globalización”, destacó.

 

Con esta idea coincidió la investigadora del CONICET Luciana Ghiotto, integrante de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, que también calificó a este acuerdo como “escandaloso”, porque contiene puntos controversiales como las condiciones de negociación sobre autopartes, agrocombustibles y productos agrícolas, especialmente carne y azúcar. Asimismo, mencionó otro tema de disputa: el de las indicaciones geográficas, puesto que los países de la Unión Europea tienen una gran cantidad de productos alimenticios asociados con una región determinada, a los que le otorgan un tipo de propiedad intelectual similar a una marca, que impide que ese nombre sea usado por otros productores. Por lo tanto, si alguien quisiera usar esa denominación una vez firmado el TLC, deberá pagar un canon.

Estos casos se hicieron famosos en los noventa con el hasta entonces denominado champagne, que debió en la Argentina debió convertirse a bebida espumante. En este acuerdo las inhibiciones se extenderían a a un listado de más de 300 productos presentados por la Unión Europea con denominación de origen, entre los cuales figuran una amplia variedad de quesos fabricados y consumidos en el país desde hace mucho tiempo, como fontina, parmesano, reggiano, provolone, gouda y muzzarella. “Lo más conflictivo en la Argentina son los vinos y quesos, porque el país es un productor histórico e importante de ambos y sería el más perjudicado de los cuatro del Mercosur: aquí hay 700 empresas que elaboran alguno de estos quesos, que emplean a 60.000 personas de manera directa e indirecta”, dijo Ghiotto.

De manera similar, en el capítulo de propiedad intelectual se intenta imponer una norma de patentes sobre semillas, que son la materia prima esencial de los agricultores para desarrollar su trabajo, conocida como UPOV91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales). Los países del Mercosur no están adheridos y se resisten a hacerlo. En el caso de la Argentina, además, esa norma va en contra de la Ley de Semillas vigente, que el congreso intenta modificar desde hace años sin lograr consenso.

El TLC también profundizaría el modelo agroindustrial vigente en la región, basado en monocultivos que van de la mano de un paquete científico y tecnológico, hoy cuestionado desde diversos sectores ya que aumenta la contaminación y la deforestación. “Esto aleja a los países del Mercosur del cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos, sostenibilidad y cambio climático, como el Acuerdo de París”, detalla el documento y agrega que, según un estudio encargado por la propia Comisión Europea a la Universidad de Manchester en 2009, “se ha comprobado que este TLC genera ‘un riesgo de aumento de la contaminación del agua’ y ‘un efecto potencial negativo sobre la biodiversidad, agravado por el desarrollo de la demanda de biocombustibles en Europa’”.

El capítulo de propiedad intelectual que busca incluir la Unión Europea también alcanza al sector medicamentos. Al respecto, la abogada especializada en patentes Lorena Di Giano destacó que “están negociando medidas que van más allá de lo que ya se firmó dentro de la multilateralidad de la OMC (Organización Mundial del Comercio), como la extensión del plazo de patentes a 20 años y la generación de otros derechos exclusivos que podrían incrementar hasta un 30% el costo de las compras públicas de medicamentos destinados a personas con HIV y Hepatitis C“.

“Hace 15 o 20 años, uno de los elementos decisivos eran los capítulos sociales que se intentaban incorporar a los TLC, que postulaban que un mayor grado de liberalización comercial no era compatible con el tratamiento dominante de la llamada cuestión social, y con la idea de que el libre comercio estaba llamado a garantizar los derechos sociales y laborales existentes”, recordó Emilio Taddei, director alterno del IEAL, y lamentó que ese escenario haya cambiado: “La ausencia de esta referencia –a los capítulos sociales– indica un cambio sustantivo, no solo en la relación de fuerza social y política sino también en el propio universo conceptual de la democracia. La universalidad de derechos ha sido reemplazada por la tentativa de consagración de un nuevo pacto social que ahora funciona sobre la base de un nuevo tipo de relación entre Estado, mercado y sociedad civil, adonde lo importante es el problema de la transparencia. Sin embargo, hay que exigir democracia y visibilidad de la negociación”, concluyó el especialista.

(*) Columnista de la Agencia TSS, UNSAM.

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