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XXXIII Congreso de Administradores Tributarios del IEFPA y la AMFEAFIP. Apertura de Inscripciones 15 de mayo
Por Pablo Porporatto, Blog del CIAT, 28 de octubre de 2020
Introducción
La OECD ha publicado un interesantísimo y muy necesario trabajo denominado “Impuestos a las monedas virtuales. Una descripción general de los tratamientos fiscales y cuestiones emergentes de política fiscal”[1], respondiendo al pedido de los líderes y ministros de finanzas de los países de G20 para que se analicen los riesgos que plantean los cripto-activos, en razón de su creciente uso. Fue preparado y respaldado por los 137 miembros del Marco Inclusivo BEPS de la OCDE / G20, proporcionando un análisis exhaustivo de los enfoques y las brechas en los principales tipos de impuestos (a la renta, IVA y a la propiedad), en relación a más de 50 jurisdicciones que participaron del estudio.
Las monedas virtuales son una forma de cripto-activo que han tenido una rapidísima evolución y que plantean una serie de desafíos para la política tributaria, debido a la particular naturaleza de estos activos, incluida su falta de control centralizado, (pseudo-) anonimato, dificultades de valoración y características híbridas (es decir, incluyen ambos aspectos, de instrumentos financieros y activos intangibles).
Otros desafíos surgen de la rápida evolución de la novedosa y compleja tecnología subyacente utilizada para la creación, difusión y utilización de las monedas virtuales, incluidos los recientes desarrollos de las monedas estables y monedas digitales de los bancos centrales (CBDC).
Este informe, aunque no formula recomendaciones, sí acerca algunas ideas para que los responsables de la formulación de políticas consideren a los fines de fortalecer sus marcos legales y regulatorios para gravar las monedas virtuales, mejorando así la certeza para las administraciones tributarias y los contribuyentes.
Asimismo, aprovechando el esquema, normativa y experiencia del segundo estándar global, referido al intercambio automático de cuentas financieras, conforme Common Reporting Standard (CRS) que funciona desde 2017 aumentando año tras año los países intervinientes, cuentas alcanzadas y montos cubiertos, resultan muy interesantes los planes de la OCDE para comenzar en el año 2021 a recolectar a nivel nacional información sobre estos activos para intercambiarla con otros países
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