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Prensa Fiscal |
Semana del 28 de julio al 1 de agosto
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Desde hoy y para aumentar la recaudación fiscal, los fideicomisos financieros pagan Ganancias
Los fideicomisos financieros, un instrumento que creció particularmente en la financiación del consumo, dejaron de estar exentos del impuesto a las Ganancias . El decreto que les quita ese beneficio, que alude específicamente a " lograr un mayor equilibrio fiscal ", fue firmado anoche por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el ministro de Economía, Carlos Fernández. Hoy mismo fue publicado en el Boletín Oficial.
Hasta ayer, los fideicomisos estaban exentos del pago de la alícuota del 35% Ganancias . Como se estima que mueven unos $ 1.500 millones anuales, estarían en juego ingresos impositivos por $ 500 millones , aunque cálculos privados reducen la cifra a $250 millones.
El decreto mantiene el beneficio impositivo para los fideicomisos destinados a la financiación de obras de infraestructura para la prestación de servicios , que, así, seguirán sin pagar Ganancias.
Los fideicomisos son un instrumento financiero integrado por individuos que tienen una cuota parte o por otros instrumentos financieros. Se utilizan para financiar compras de electrodomésticos, fondos agrícolas y desarrollos inmobiliarios, por lo que se estima que la anulación de la exención impositiva podría "enfriar" ese tipo de consumo o de préstamos al hacer menos atractivo el negocio.
Fuente: Diario Clarín. Viernes 1 de agosto de 2008.
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Se va el director de la DGI en circunstancias poco claras
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió desplazar de su cargo al director de la Dirección General Impositiva (DGI), Horacio Castagnola, y a otro funcionario a cargo de investigar la conducta fiscal de empresas en el sur del país.
Castagnola llevaba más de tres décadas en la DGI , y había sido designado como director general del organismo desde la creación de la AFIP en 1997.
Sin bien aún no se precisaron los motivos de su salida, el cambio era esperado desde la renuncia de Alberto Abad a la AFIP.
En su lugar asumirá Angel Toninelli, otro funcionario de amplia trayectoria en la DGI que estaba cerca de jubilarse.
Según versiones publicadas por los matutinos, la salida de Castagnola se produjo luego de un cortocircuito entre la conducción de la AFIP y el subdirector de Operaciones Impositivas de Interior , Jaime Mecicovsky, que estaba a cargo de importantes reclamos en la DGI y que fue respaldado por Castagnola. El reemplazante de Mecicovsky sería Carlos Sánchez.
El problema se habría potenciado por el reclamo de una empresa de construcción de Santa Cruz que había sufrido una fuerte sanción económica por un ajuste fiscal de la DGI.
La AFIP La sanción se habría originado dentro de la megacausa de las "facturas truchas" que comenzó con investigaciones bajo las órdenes del ex director de la AFIP Carlos Silvani y tuvo continuidad con Abad.
Fuente: Diario Infobae Profesional. Viernes 1 de agosto de 2008.
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Montoya da más tiempo para el pago de deudas de morosos
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), prorrogó hasta el 22 de agosto el vencimiento del plan de pagos para morosos en etapa prejudicial, que vencía ayer, y otorga beneficios a quienes decidan regularizar su deuda.
Para quienes decidan regularizar su situación, ARBA dispuso descuentos de hasta 70% en los intereses y hasta 25% de bonificación adicional para quienes cancelen su deuda pagando al contado; y 15% de descuento extra para los que opten por el pago en tres cuotas, informó Télam.
El nuevo vencimiento se fijó tras constatarse que una gran cantidad de turistas morosos expresó voluntad de regularizar su situación, en el marco del operativo de notificación de deuda que realiza ARBA durante el receso invernal en los puntos turísticos de mayor afluencia de viajeros.
La Agencia informó a través de un comunicado que decidió extender el plazo para que los contribuyentes puedan definir su plan de pago al retorno de sus vacaciones.
En la primera etapa del operativo ya se notificó deuda por un total de $2.204.078 -de los cuales $1.764.130,50 corresponden amorosos en etapa prejudicial y $439.947 a deudores en etapa judicial-.
Deudas por $697.986 se detectaron en los controles de aeropuerto y aeroparque ; $33.851 en la terminal de Buquebus ; y $1.472.241 en los diversos puestos instalados en las rutas de la Provincia.
Del total, $1.085.251 corresponde a deuda en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ; $705.866 a incumplimientos en el pago de Patentes; $405.150 a irregularidades en el Inmobiliario; y $7.808 al no pago del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.
Los operativos se desarrollarán hasta el 10 de agosto en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, en la plataforma de embarque de Buquebus y en las rutas más transitadas de la Provincia.
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La recaudación de julio crece más del 30%
La recaudación fiscal de este mes rondará los $23.500 millones, lo que representa un salto interanual cercano al 30%. Si bien la cifra global es satisfactoria, se registrará una importante desaceleración en el crecimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Asimismo, en lo que respecta a los derechos de exportación, la cifra será menor a la esperada.
Fuentes oficiales confirmaron a La Nación que " el resultado global está arriba del 30 por ciento ". Asimismo, indicaron que la cifra recaudada por las retenciones se ubica $280 millones por debajo de lo previsto a principios de mes por el fisco.
La recaudación impositiva de junio alcanzó los $23.620,9 millones , un 31% más que en igual mes del año pasado.
Con el resultado de junio los ingresos fiscales del primer semestre llegaron a $127.143,3 millones , un 38,2 más que en el mismo período de 2007, y 17% más que lo previsto en la Ley de Presupuesto.
El IVA mostró un alza de 31,1% y aportó $6.629,6 millones al fisco. En cuanto al Impuesto a las Ganancias, el tributo sumó $6.671,6 millones , lo que representa un avance interanual de 22,4 por ciento.
A su vez, las retenciones a las exportaciones subieron 50,6 por ciento y totalizaron $2.297,7 millones, debido a los mejores precios y el mayor nivel de la alícuota, informó el organismo recaudador.
Fuente: Diario Infobae Profesional. Jueves 31 de julio de 2008.
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Echegaray pide a la Justicia que investigue una denuncia
El titular de la ONCCA (Oficina de Control Comercial Agropecuario), Ricardo Echegaray, informó ayer que colaborará con la investigación iniciada por la Oficina Anticorrupción para determinar la veracidad de una denuncia anónima -anticipada ayer por Clarín- que daba cuenta del presunto pedido de coimas a exportadores de granos y carne. A la vez, el funcionario decidió ayer recurrir a la justicia federal para que profundice esa pesquisa.
La causa penal recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien a pedido de Echegaray ahora deberá investigar si es cierta la denuncia sobre "un tal Daniel Aguilar", presunto contratado de la ONCCA, que en las últimas semanas habría llamado a empresas frigoríficas ofreciendo Cuota Hilton -el cotizado cupo de carnes para Europa- "a 2.000 dólares la tonelada", según afirma la denuncia anónima que por mail recibió la Oficina Anticorrupción.
Sin esperar el resultado de ambas investigaciones, ayer un grupo de cámaras frigoríficas que representan parte del sector exportador, negó "que el organismo en cuestión haya solicitado a través de funcionario alguno dinero para facilitar las exportaciones". Se trata de asociaciones nucleadas en la Confederación General de la Empresa que dirige el diputado oficialista Marcelo Fernández. "Rechazamos en todos sus términos el mail que sirvió para abrir una investigación por no ajustarse a la verdad", aseguró ese legislador.
Ese correo anónimo, que además fue enviado a varios medios periodísticos, culpa de la existencia de los supuestos sobornos a la creación de nuevas normas para la habilitación de los embarques de granos y carne por parte de la ONCCA y la Secretaría de Comercio. Habla sin rodeos de "un sistema impenetrable de información para someter a los ciudadanos a un continuo y permanente hostigamiento con el sólo fin de obtener dinero ilegalmente".
Tras desmentir la especie, los voceros del organismo aclararon ayer que "mientras las cerealeras y los frigoríficos cumplan con las reglas de abastecimiento interno, podrán lograr las autorizaciones de exportación".
Fuente: Diario Clarín. Jueves 31 de julio de 2008.
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Macri pone en la mira a más de 3.800 empresas porteñas
Rápido de reflejos, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, ya puso a más de 3.800 empresas en la mira fiscal. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos porteña (AGIP) lanzó un nuevo sistema especial de control que obliga a exactamente 3.816 compañías a informar durante septiembre próximo un profundo detalle de su situación impositiva.
De esta manera, el organismo apunta a darle mayor precisión a las inspecciones orientándolas hacia los contribuyentes que tienen una capacidad contributiva significativa . Dicho de otra manera, la AGIP afinará la tarea de inteligencia fiscal a fin de exprimir al máximo la relación costo-beneficio de las fiscalizaciones a realizar.
Como complemento, el fisco local lanzará a partir de agosto el pago electrónico de impuestos . Si bien en esta primera etapa será opcional y sólo alcanzará al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la idea del titular de la AGIP, Carlos Walter , consiste en extenderlo a los demás tributos y darle un carácter obligatorio.
Además de simplificar la tarea de las empresas y los particulares, el pago electrónico le reportará grandes beneficios a la AGIP. Esto es así, ya que el organismo conocerá al instante quién canceló su deuda y podrá potenciar los cruces de datos; por ejemplo respecto a la información solicitada a fin de cumplir con el nuevo sistema especial de control.
En la mira
Mediante la resolución (AGIP) 315/2008 el fisco porteño puso bajo la lupa a 3.816 empresas. En sus considerandos la nueva normativa señala como objetivo “la diagramación de acciones de control diferenciadas de acuerdo a la capacidad contributiva de los contribuyentes”.
La resolución establece un relevamiento de datos obligatorio para todos los contribuyentes incluidos en el Anexo I de la normativa.
Entre las empresas mencionadas están:
Asimismo, la norma determina que los contribuyentes incluidos en la lista deberán efectuar su declaración jurada detallando:
“Asimismo deberán informar la condición de propio o ajeno del o los inmuebles afectados al desarrollo de la actividad gravada , debiendo individualizar al titular del inmueble e indicar el título en virtud del cual los ocupan”, agrega la resolución.
Las empresas deberán informar lo solicitado mediante la transferencia electrónica de datos a través de la página Web de AGIP. Tienen tiempo entre el 1º y el 30 de septiembre próximo .
Las empresas que no cumplan, además de la multa correspondiente serán incorporados de manera automática al plan de fiscalización 2009 .
Pago electrónico
Como complemento, y a fin de facilitar la tarea de las compañías, la AGIP lanza a partir de agosto el pago electrónico de impuestos . La resolución – de inminente oficialización pone en marcha el uso del Volante Electrónico de Pago (VEP).
En esta primera etapa será opcional y sólo alcanzará al Impuesto sobre los Ingresos Brutos .
En un futuro cercano, el fisco porteño apunta a extender esta nueva herramienta a los demás impuestos. Asimismo, a medida que avancen las etapas se irá estableciendo el carácter obligatorio del pago electrónico.
Fuente: Hernán Gilardo. Diario Infobae Profesional. Jueves 31 de julio de 2008.
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El Gobierno tira con "artillería impositiva pesada" al campo tras su derrota en el Congreso
El Gobierno perdió una batalla pero no la guerra. Si bien el voto del vicepresidente Julio Cobos cerró el capítulo legislativo en el conflicto que mantiene con el agro, desde la Casa Rosada se perfecciona la “ artillería impositiva ” que recaerá sobre el agro a fin de, aunque sea, empatar la pelea perdida en el Senado.
La investigación por una posible evasión multimillonaria en la exportación de granos adelantada en exclusiva a infobaeprofesional.com por la titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Silvina Tirabassi , es sólo la punta de lanza de una fuerte avanzada fiscal que se desplegará desde múltiples frentes de batalla.
Tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), el Ministerio de Trabajo y los fiscos provinciales afines a la Rosada se convertirán en puntos estratégicos desde donde se perfeccionarán las medidas que apuntan a reducir la evasión en el sector.
Múltiples golpes
En declaraciones exclusivas a este medio, Tirabassi aseguró que prácticamente todo el universo de las grandes empresas exportadoras de soja y subproductos está bajo la lupa, sospechadas por subfacturación, luego de que la Aduana detectara que casi el 90% de las exportaciones realizadas durante 2007 fueron facturadas a nombre de empresas radicadas en paraísos fiscales .
Paralelamente, la Aduana estableció que en el caso del aceite de soja a granel –que tiene precio oficial- el 86% también fue facturado a paraísos fiscales.
En tanto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada , se encuentra muy preocupado ya que considera que la actividad agropecuaria es el sector que más empleados “en negro” tiene .
Como complemento, el Gobierno considera que el campo paga los menores salarios “en blanco”, de hecho sostiene que los sueldos básicos son los únicos que quedaron por debajo del mínimo vital y móvil acordado en 1.200 pesos.
De acuerdo a un reciente informe realizado en base a las inspecciones efectuadas en los primeros cuatro meses del año, la cantidad de trabajadores rurales “en negro” superaría el 55% y llegaría al 70% en algunas localidades bonaerenses.
Por lo tanto, para la cartera laboral, es prioritario tomar medidas concretas para reducir el alto nivel de informalidad que se registra entre los trabajadores agropecuarios.
Claudio Moroni , titular de la AFIP no piensa quedarse atrás. La herramienta elegida consiste en la implementación de un nuevo régimen informativo que obliga a más de 2000 empresas vinculadas al sector agroindustrial a informar mensualmente el total de ventas y prestaciones de servicios concertados, entre otros datos.
Si bien los productores agropecuarios, no están alcanzados por esta exigencia tributaria de manera directa, la AFIP apunta a analizar exhaustivamente los datos obtenidos de las empresas que comercian con ellos a fin de detectar “inconsistencias” en la situación fiscal declarada ante el organismo recaudador.
Como una peligrosa particularidad, el nuevo sistema establece que "las compañías, se encuentran obligadas también a informar las operaciones respecto de los períodos mensuales enero de 2007 hasta mayo de 2008, ambos inclusive".
Si bien tendrán tiempo hasta el próximo 30 de septiembre para cumplir con esta obligación “extemporánea”, expertos consultados por este medio advierten que esta decisión es “irrazonable”.
Al respecto se manifestó Verónica Curci , miembro del estudio Wilson-Rae, Luna Requena & Fernández Borzese Abogados, quien aseguró que “el régimen de información recientemente creado es excesivo y el deber de informar las operaciones desde enero de 2007, irrazonable”.
Alineados a la Rosada
Como un agregado más, desde los fiscos provinciales afines a la Rosada se preparan fuertes avances sobre el campo. De hecho, el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Santiago Montoya , iniciará desde el próximo viernes 1º de agosto cerca de 17.000 juicios dirigidos a grandes terratenientes a fin de recuperar una deuda fiscal de $330 millones.
Más precisamente, los 16.920 grandes contribuyentes que Montoya puso en la mira cuentan con patrimonios mayores al u$s1 millón.
La detección de estas irregularidades se dio mediante las inspecciones llevadas a cabo por los sabuesos de ARBA y a través del análisis de los gastos en el exterior con tarjetas de crédito cuyos titulares son los propietarios o responsables de empresas agropecuarias.
De acuerdo a los datos de ARBA, se diferencian tres categorías de grandes titulares rurales. Quienes poseen entre u$s1 millón y u$s3 millones tienen 54.447 propiedades, 5.076 automóviles de lujo y 42 yates.
Por otra parte, quienes tienen un patrimonio que va desde los u$s3 millones a los u$s5 millones cuentan con 29.549 propiedades, 2.249 vehículos de lujo y 30 embarcaciones.
Por último, quienes superan los u$s5 millones tienen 45.990 propiedades, 2.902 autos y 46 embarcaciones.
Respecto al consumo de tarjetas de crédito emitidas fuera del país, ARBA identificó a 567 titulares de cuentas que se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, San Isidro, Vicente López y Mar del Plata.
Desde el organismo, señalaron que "estamos en presencia de un grupo de titulares que concentran el mercado de las partidas rurales de la provincia y respecto del cual podemos afirmar evidentes prácticas de evasión ".
El primer general
Ricardo Echegaray , titular de la ONCCA, fue el encargado de abrir el fuego contra el campo. A sólo cumplirse los primeros siete días de paro del campo desde el Organismo se anunció la medida que apunta a “una mayor transparencia de todo el mercado” y detectar quiénes son los que acopian más de 3,5 millones de toneladas de trigo sin declarar.
Entre los puntos más salientes de la medida, se encuentran los siguientes:
De esa manera, las autoridades del organismo comenzaron las acciones destinadas a controlar la actividad.
Como una segunda avanzada sobre el campo, desde el organismo que preside Echegaray, se lanzó la medida que fija un “ encaje productivo exportador ” para el trigo.
Este sistema fijó más regulaciones a las ventas al exterior, ya que el Gobierno sólo autorizará la exportación si está garantizado previamente un stock importante destinado al mercado interno.
En otras palabras, los exportadores deberán "retener" una parte sustancial del cereal, si es que quieren estar habilitados para vender el remanente a otros países.
La decisión oficial tuvo dos objetivos:
1 - Continuar la cruzada por la “transparencia” del mercado de granos:
Descontado el volumen exportado y el que se destinó a la molinería, sólo hay en conocimiento de la ONCCA unas 900.000 toneladas. De este modo, se busca determinar quiénes acopian sin declarar en las silobolsas unas 3,6 millones de toneladas, que luego podrían comercializarse en negro.
2 - Mantener bajos los precios en el mercado interno y desacoplados de la coyuntura internacional:
Si bien hoy la exportación está cerrada y sólo hay en curso una cuota de 100.000 toneladas con destino a Brasil – de las cuales ya se exportó el 56%- el objetivo es reglamentar el sistema de comercialización para la nueva cosecha que comenzará a venderse en noviembre de este año.
Fuente: Diario Infobae Profesional. Miércoles 30 de julio de 2008.
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El turno de Ganancias
El Gobierno acelera los pasos de otro anuncio para mejorar los ingresos de un sector de la población. Se trata de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y la modificación o eliminación de la llamada “tablita” de Machinea. Equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía están delineando los ajustes. La Casa Rosada pidió tener todo listo cuanto antes. En principio, la intención oficial es dar a conocer la noticia entre esta semana y la próxima. La medida beneficia a unos 650.000 trabajadores en relación de dependencia y a unos 30.000 jubilados que sufren descuentos por este gravamen. Al igual que el año pasado, el cambio será retroactivo al 1º de enero, por lo cual los contribuyentes recibirán reintegros por lo que aportaron de más.
Los trabajadores casados con dos hijos pagan Ganancias en la actualidad a partir de sueldos de 4577 pesos por mes, mientras que los solteros lo hacen cuando sus ingresos superan los 3346 pesos. La CGT viene reclamando que el nuevo mínimo no imponible suba a 7000 y 5000 pesos, respectivamente. El Gobierno trataría de aproximarse a esas cifras. A nivel técnico se está calculando el costo fiscal del ajuste, pero también el que determinará la corrección de la “tablita” de Machinea. Todavía no hay definición sobre si ese esquema implantado durante el gobierno de la Alianza, que limita la posibilidad de aplicar deducciones en los salarios de 7000 pesos en adelante, será cambiado o directamente suprimido. Sin embargo, ayer predominaba la idea de “suavizar” sus efectos.
Una parte del costo fiscal de la medida será compensada con un aumento de tarifas de servicios públicos (gas, electricidad y transporte), cuyo anuncio también se concretará en breve, según confirmaron a este diario fuentes oficiales. La suba alcanzará a usuarios residenciales, pero será segmentada para excluir o limitar su impacto en sectores de bajos ingresos.
Salvo este último punto, el Gobierno viene repitiendo los pasos de los últimos tres años. Primero convocó al Consejo del Salario Mínimo para una suba de esos sueldos, luego avanzará con el alza del mínimo no imponible de Ganancias y para más adelante se espera un aumento de asignaciones familiares. Es muy probable que también se concrete otro incremento de jubilaciones antes de fin de año (ver página 5).
La corrección en el gravamen a las Ganancias es para evitar que la recomposición salarial que obtuvieron los diferentes gremios en negociaciones paritarias se vea afectada por el impuesto. Si el mínimo no imponible no tuviera variación, buena parte de esos aumentos quedarían retenidos por el tributo.
El Gobierno va encadenando los anuncios “positivos” para recuperar la iniciativa política, después del desgaste que significó el conflicto con las corporaciones agropecuarias. Entre esas medidas también se encuentran en estudio distintas alternativas para mejorar la muy dañada credibilidad del Indec. Ayer trascendió que el organismo podría pasar de la órbita del Ministerio de Economía a la Jefatura de Gabinete, a fin de diluir la influencia sobre el instituto del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Esa versión fue desmentida a este diario por voceros del Gobierno. Sin embargo, reconocieron que Moreno tendrá a futuro menos peso en el Indec, aunque el funcionario conservaría su cargo.
Fuente: Diario Página 12. Miércoles 30 de julio de 2008.
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Se suman pautas para medir el riesgo fiscal porteño
La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos porteña (AGIP) sigue agregando pautas a tener en cuenta al momento de medir el riesgo fiscal de cada empresa. Los contribuyentes considerados de "alto riesgo fiscal" sufren la aplicación de alícuotas agravadas en retenciones y percepciones correspondientes al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Los nuevos parámetros se dieron a conocer mediante la publicación de la resolución 2706/2008.
La nueva normativa determina que, además de las pautas ya vigentes, serán consideradas empresas de "alto riesgo fiscal" a :
Esta pauta se suma a las ya existentes :
En los considerandos de la resolución se expresa que "resulta necesario incorporar otros universos de contribuyentes o responsables al padrón, de acuerdo con nuevos parámetros analizados que permiten su calificación".
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La Justicia avaló la suba de hasta 300% en el ABL
Así, los magistrados rechazaron en forma unánime los pedidos de inconstitucionalidad de los contribuyentes y dieron luz verde al fisco de la Ciudad para cobrar la suba del gravamen que en algunos casos alcanza hasta un 300 por ciento .
La decisión de los cinco miembros del tribunal, no hizo lugar a los reclamos de los contribuyentes quines argumentaron que el aumento del impuesto es confiscatorio, aunque aún resta la posibilidad de efectuar reclamos individuales en casos extremos, según dio a conocer Diario Judicial.
Voces
Enrique Scalone , vicepresidente 1° de la International Fiscal Association (IFA), consideró: “ La sentencia es impecable en sus fundamentos y, básicamente, se refiere a que la tacha de inconstitucionalidad de dicha ley, no es aceptable para su aplicación generalizada para todos los contribuyentes”.
De esa forma, el tribunal estableció una clara distinción entre rechazar los pedidos de constitucionalidad para los contribuyentes, de casos puntuales y extremos.
Sobre ese aspecto, el especialista agregó que “de acuerdo con lo que expresa el fallo, no resulta admisible la declaración de inconstitucionalidad. Únicamente lo sería en un caso concreto y siempre y cuando se demuestre una grave afectación patrimonial que produzca una confiscación tal en el contribuyente que implique una clara vulneración del derecho constitucional de propiedad”.
En cuanto a los pedidos de inconstitucionalidad específicamente, Scalone concluyó que “la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una medida de extrema gravedad institucional , que debe considerarse como última instancia en el ordenamiento jurídico. Y más aún cuando los accionantes requirieron la competencia del Tribunal para dictar un procedimiento, no sobre un caso concreto, sino con efectos generales para todos los contribuyentes”.
Detalles de la causa
Desde el estudio Lisicki Litvin y Asociados, Marcelo Domínguez comentó los aspectos centrales de la sentencia. Para ver el fallo completo consulte el documento relacionado en esta página.
El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió a favor de la constitucionalidad de la Ley 2.568, que establece un nuevo mecanismo para establecer la contribución por ABL a partir del mes de enero de 2008.
Tal como lo explica Domínguez, esa ley fijó como límite máximo de la contribución anual por ABL, e l equivalente al 1% del valor de mercado del inmueble.
“Las cláusulas de la ley dieron lugar a la solicitud judicial de su inconstitucionalidad por parte de siete contribuyentes, quienes argumentaron que las mismas vulneran los principios de legalidad, capacidad contributiva, igualdad, razonabilidad y propiedad”, agregó el especialista.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó tal solicitud de inconstitucionalidad toda vez que:
En suma, el Superior Tribunal de Justicia consideró que los accionantes no demostraron que la ley vulnere los preceptos constitucionales en juego, como para demandar una protección judicial que se traduzca -sentencia mediante-, en una limitación al modo en que el Poder Legislativo o Ejecutivo ejerció sus atribuciones.
Opiniones anteriores
Antes de que el Tribunal Superior de Justicia se exprese en contra del pedido de inconstitucionalidad de los contribuyentes, un reciente dictamen había dado una primera señal positiva al fisco.
Se trata de la causa “Brick Daniel Jorge C/GCBA s/acción declarativa de inconstitucionalidad” en la que el fiscal general porteño, Germán Garavano, consideró que “el mero incremento del tributo no permite, per se, fundar la confiscatoriedad”.
Si bien se trató de un importante antecedente frente a la decisión que debía tomar el tribunal, no podía anticipar de manera certera la determinación del Tribunal.
Garavano consideró en esa oportunidad que el demandante tuvo “fallas graves de fundamentación” y, en cuanto al tema específico de la inconstitucionalidad, el fiscal entendió que el contribuyente “llamativamente no efectuó ningún análisis de los diversos incisos de la norma que establecen el tope del gravamen, el mecanismo de impugnación de las valuaciones, o el mantenimiento de las exenciones dispuestas oportunamente”.
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Entrevista a Santiago Montoya: con la lupa en los bancos, el comercio y el campo
La politica tributaria es uno de los pocos instrumentos aptos de redistribución de la riqueza que les quedan a los Estados modernos", sostuvo el titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya. Y anticipó que "este año, pondremos el énfasis en los bancos, los hipermercados y el campo". Justificó el aumento en la alícuota de Ingresos Brutos y relativizó que tenga sólo intención recaudatoria; además, sostuvo que las provincias deben cobrar "más y mejores impuestos".
"La recaudación en la provincia viene muy bien. El aumento es mayor que a nivel nacional: en mayo fueron entre 12 a 14 puntos más y en junio, 2 puntos más; pero en julio esperamos una desaceleración del crecimiento", comenzó a disparar.
– Eso puede ser nominal, pero en términos reales ¿cómo les fue? , preguntó iEco .
–Muy bien. La recaudación subió un 30%, y sumando el crecimiento económico más la peor de las hipótesis privadas sobre inflación, igual nos da un resultado real positivo.
– ¿Se debe a una mejor administración tributaria o a los llamativos operativos contra los morosos o evasores?
–No, para nada. En los últimos meses se debe a un crecimiento económico y efecto precio.
Tomó un respiro. "Para nosotros –recitó– la política guía a la economía, pero habrá buena política con una mejor gestión y para esto se necesitan profesionales idóneos. La mejora en la administración tributaria, que es evidente en muchos aspectos, sólo fue posible con la capacitación del personal y la incorporación de tecnología, como la digitalización de los catastros o la utilización de Google para mensurar terrenos y conocer mejoras".
Se volvió a sentar, leyó un par de mails en la blackberry ("Perdón, pero son de la Gobernación") y siguió explicando su punto de vista. "Ya hace seis años que estamos trabajando y los mayores logros se obtienen al comienzo de la campaña, cuando uno les pega a los evasores más grandes.
Después hay que consolidar lo logrado: que los que pagan sigan pagando y seguir sumando contribuyentes". Repasa un par de cifras: "El incumplimiento tributario en 2002 era del 75%, ahora es del 30/32%, aspiramos a llegar al 10/12% de evasión como tiene Chile".
– ¿No es exagerado perseguir a los pequeños evasores, como los que no pagan patentes, en lugar de concentrar los esfuerzos en los grandes evasores?
No. Pagar impuestos es cumplir con la ley, y todos tenemos que hacerlo. Pero la mayor obligación recae sobre los sectores de mayores ingresos, que son siempre los que más se quejan.
Volvió a las cifras. "Todos los años tenemos unos 390.000 contribuyentes que deben más de 1.500 pesos y no son pobres. Y de estos, hay 89.000 que deben más de 5.000. ¿Cuántas maestras, médicos o policías menos tenemos por estos evasores? Mientras nosotros tengamos este nivel de evasión seguiremos pidiendo que paguen los evasores, sean pequeños, medianos o grandes".
Los nuevos objetivos
Sin embargo, Montoya tiene tres "grandes casos" entre manos: bancos, hipermercados y centros de compra y el campo, y le explicó a iEco , en exclusiva, las razones de su elección:
· Bancos . "Nosotros les estamos reclamando a los bancos entre 500 y 800 millones de pesos por dos conceptos: uno es el de las operaciones en los cajeros, que cobran un pequeño monto por las operaciones. Es el costo del servicio que las dos redes grandes lo atribuían como realizado en la Capital. Hicimos un planteo y lo ganamos. Cobramos más de 50 millones de pesos. Pero hay otra discusión respecto a lo sucedido con la devaluación, cuando los bancos recibieron un bono del BCRA por la pesificación asimétrica;éste es un ingreso para los bancos por el que no pagaron Ingresos Brutos. Hicimos el reclamo y a fines del año pasado tres entidades ya nos pagaron y ahora tenemos un pedido contra un grupo grande de bancos por unos 600/700 millones de pesos".
· Hípers y centros de compra . "Tenemos reclamos de entre 500 a 600 millones de pesos a hipermercados y centros comerciales
Reclamamos por conceptos relativamente sofisticados. Por ejemplo, el servicio logístico encubierto (la distribución de un producto determinado), para nostros eso es un servicio que cobran y debe abonar Ingresos Brutos. También están los 'servicios de marketing o venta' que representan un costo para el proveedor (por ejemplo, un 6% de descuento) y que para nosotros es un servicio publicitario que debe abonar Ingresos Brutos.
· Sector agropecuario . "En un sector complejo en un territorio grande como Francia, sólo se puede combatir la evasión con tecnología. Sabíamos que era mucha la evasión, pero ibamos a ciegas. Envíamos gente a capacitarse a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y a Italia para aprender sobre estimaciones satelitales de cosecha, digitalizamos todos los estados parcelarios que eran de 1954.
Ahora, con tecnología satelital podemos estimar la cosecha de trigo, maíz, sorgo, soja y girasol, que son los principales intereses fiscales, por parcela individual.
Ahora bien, Ingresos Brutos se devenga cuando el productor vende, con las tecnologías de almacenamiento y la complejidad de las operaciones corremos el riesgo de una muy fuerte evasión. Están la industria aceitera, forrajera, molienda, son cadenas de valor complejas con diversos grados de informalidad. Pero, por ejemplo, la industria aceitera está sobre todo fuera de la provincia y, si no nos pagan en su comienzo, una vez que la cosecha sale de Buenos Aires no hay forma de registrarlo. Por eso necesitamos la trazabilidad. Saber quién produce en un campo determinado, si es dueño o arrendatario. El que sea, una vez que la cosecha se levante, tendrá que pagar. Otro elemento es la economía del trueque en el campo.
Es habitual el cambio de cosecha por semillas u otros insumos. Y el trueque facilita la evasión, para eso también sirve la trazabilidad. El único impuesto que no puede evadirse con el trueque es el inmobiliario rural, que quedó totalmente desactualizado. Pero aquí también hay problemas. Por ejemplo, no se declaran los 10.200 silos que detectamos, que aumentan la valuación del campo, o se falsea la distancia del campo al camino, siempre para pagar menos. El 70% de los campos de la provincia mintieron sobre la distancia al camino y también mintieron con la aptitud del suelo y ahí también mintieron de manera masiva.
– ¿En plata, cuánto evade el campo según sus cálculos?
–Es algo difícil de calcular, pero lo calculo entre 600 y 800 millones por año.
– Vuelvo a algo anterior: sumando las deudas y la potencial evasión de los grandes sectores, ¿tiene sentido distraer esfuerzos en perseguir a los pequeños evasores que aportan mucho?
– Le respondo de otra manera: todos tenemos que cumplir las leyes. La responsabilidad de un Estado es ponerse los pantalones largos y hacer cosas antipáticas con algunos para hacer el bien común. Y los primeros que tienen que cumplir la ley son los poderosos, los más ricos. Sean nacionales o grandes multinacionales. En seis años mostramos que le cobramos a todos, que clausuramos un hipermercado y que somos capaces de embargar una 4x4. Le demostramos a la gente que lo hacemos con los grandes para legitimar nuestra acción con la sociedad. La acción de un Estado moderno es ser fuerte con los fuertes y hacerles cumplir la ley a todos. El asunto es que el esfuerzo se reparta parejo para todos: ir por el más grande primero y con esa legitimación, lograr que todos paguen.
– ¿No sería una solución, aunque sea parcial, coparticipar los impuestos como las retenciones o el impuesto al cheque?
–Podría ser, pero no me parece que el problema de fondo sea cómo se reparte la plata, sino más bien de competencias tributarias. Hace años que Ingresos Brutos es cuestionado, pero no somos los únicos que lo tenemos y que lo reformulamos; detrás de nosotros vienen Santa Fe y Córdoba con planteos similares. En el fondo, se trata de que las provincias recauden más y mejor.
En Brasil, los estados federales recaudan cerca del 12% del PBI y nosotros, el 6%. Las provincias y los municipios tienen que cobrar más. Y creo que al fortalecer su principal impuesto, las provincias damos un paso adelante.
Fuente: Oscar Martinez. Diario Clarín, suplemento iEco. Martes 29 de julio de 2008.
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Pulseada entre la AFIP y Shell por maniobras con exportaciones de nafta
Mientras la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplió una denuncia penal contra Shell por evasión de impuestos y falsificación de sellos y documentos públicos en solicitudes de reintegros del IVA a las exportaciones de combustibles, la empresa afirmó que la denuncia original fue presentada por ella y que es "víctima" de una maniobra de terceros.
La ampliación de la denuncia promovida por la AFIP que dirige Claudio Moroni fue presentada en los últimos días ante el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, el mismo del caso Skanska. En ella la AFIP acusa a los directivos de Shell por los delitos de evasión agravada, que tiene una pena de 3,5 a 9 años de prisión no excarcelable, y de evasión simple, que tiene una condena que oscila de 2 a 6 años de prisión.
El Gobierno, a través del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, tiene otra pelea con Shell por supuesto desabastecimiento de combustibles en el mercado interno (ver antecedentes).
El perjuicio fiscal por falsas exportaciones de nafta concretadas entre el 2000 y 2004 es de unos 10 millones de pesos.
La acusación de la AFIP sostiene que Shell habría evadido "el pago del impuesto sobre los combustibles líquidos y las tasa sobre gasoil, mediante la simulación de operaciones amparadas por la exención prevista para las mercaderías con destino a "rancho de combustible internacional", explicaron voceros del Gobierno.
Destino a "rancho" significa en la jerga del sector que los combustibles deberían tener como único destino el consumo de los barcos que los transportan.
Sin embargo, testimonios de choferes y de empleados de empresas de transportes determinaron que el combustible, en realidad, "fue descargado en campos o en estaciones de servicio de bandera blanca", es decir aquellas que no forman ninguna red comercial.
Además, "varios de los barcos que la empresa indicaba como destinatarios del combustible para su consumo, no se encontraban en puerto en la fecha declarada", agregaron.
En un comunicado enviado ante una pregunta de este diario, Shell confirmó los hechos pero afirmó que la investigación comenzó por una denuncia propia que presentó en octubre del 2004 ante un juez federal de San Nicolás. La petrolera aseguró que la documentación presentada ante la AFIP "fue fraguada por terceros... resultando de esta forma nuestra empresa involucrada en un fraude y consecuentemente víctima de una estafa".
Además, Shell "se presentó espontáneamente ante la AFIP y abonó la totalidad de los impuestos" reclamados y "se constituyó como querellante contra terceros y empresas contratistas".
El juez López Biscayard, que está de feria, tiene la última palabra para determinar quiénes fueron los responsables de la maniobra.
Fuente: Daniel Santoro. Diario Clarín. Martes 29 de julio de 2008.
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La crisis con el campo también afectó la recaudación porteña
La recaudación porteña también se vio afectada por la crisis con el campo. La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad informó que en junio entraron $812,7 millones, lo que se traduce en una suba del 25% interanual. Se trata del aumento más bajo del año.
Ante este panorama, el titular de la AGIP, Carlos Walter, le recomendó al Ejecutivo porteño que sean conservadores en el gasto de acá a fin de año y que vayan imaginando un 2009 complicado.
"La plata alcanza para cumplir con el presupuesto y el plan de obras proyectado en 2008, pero sin dudas que la situación cambió", señaló Walter al diario Clarín.
"Si a principios de año veníamos con un crecimiento tal que proyectábamos una suba interanual de 35 a 40 puntos con respecto al año pasado, ahora como mucho hay que pensar en 30", afirmó el funcionario.
"Estamos viendo con preocupación lo que pasa en otras provincias, como Buenos Aires y Córdoba, donde tuvieron que aumentar impuestos y hasta recortar jubilaciones. El Gobierno nacional no coparticipa como corresponde ", agregó Walter.
Ante este cuadro de situación, el titular de la AGIP aseguró al matutino que "después de lo que pasó en el Senado, ahora hay que dar la pelea por la coparticipación".
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Montoya demandará a cerca de 17.000 dueños de campos
El titular de la Agencia de Recaudación bonaerense, Santiago Montoya, iniciará sesde el próximo viernes 1º de agosto cerca de 17.000 juicios dirigidos a grandes terratenientes a fin de recuperar una deuda fiscal de $330 millones.
Más precisamente, los 16.920 grandes contribuyentes que Montoya puso en la mira cuentan con patrimonios mayores al u$s1 millón .
La deteccción de estas irregularidades se dio mediante las inspecciones llevadas a cabo por los sabuesos de ARBA y a través del análisis de los gastos en el exterior con tarjetas de crédito cuyos titulares son los propietarios o responsables de empresas agropecuarias.
Detalles
En el informe, publicado por el diario BAE, se diferencian tres categorías de grandes titulares rurales . Quienes poseen entre u$s1 millón y u$s3 millones tienen 54.447 propiedades, 5.076 automóviles de lujo y 42 yates.
Por otra parte, quienes tienen un patrimonio que va desde los u$s3 millones a los u$s5 millones cuentan con 29.549 propiedades, 2.249 vehículos de lujo y 30 embarcaciones.
Por último, quienes superan los u$s5 millones tienen 45.990 propiedades, 2.902 autos y 46 embarcaciones.
Respecto al consumo de tarjetas de crédito emitidas fuera del país, ARBA identificó a 567 titulares de cuentas que se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, San Isidro, Vicente López y Mar del Plata.
Desde el organismo, señalaron al matutino que "estamos en presencia de un grupo de titulares que concentran el mercado de las partidas rurales de la provincia y respecto del cual podemos afirmar evidentes prácticas de evasión".
Fuente: Diario Infobae Profesional. Lunes 28 de julio de 2008.
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El "impuestazo" de Scioli desata una fuerte distorsión económica
La reforma tributaria impulsada por el gobernador Daniel Scioli y recientemente aprobada en la legislatura de la provincia de Buenos Aires generó preocupación entre contribuyentes y especialistas en temas tributarios. La derogación del Impuesto a la Riqueza vino acompaña de un "impuestazo" en materia de Ingresos Brutos con mayores alícuotas y eliminación de exenciones, entre otros aspectos.
Expertos consultados por iprofesional.com advierten que “desata una distorsión económica significativa” y que su aplicación “ tendrá incidencia en los precios que paga la población ”.
Así, afirman que la suba del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a comercios e industrias, representa “ una sentencia de muerte del Pacto Fiscal Federal ”.
Para los tributaristas, la medida es de “neto corte recaudatorio” y aseguran que tendrá un claro efecto en la inequidad tributaria y la seguridad jurídica.
De hecho, los cambios que introduce la reforma se orientan a incrementar los fondos de las arcas provinciales en unos $2.200 millones en 2009 (para ver el texto completo del proyecto aprobado en el Parlamento bonaerense, vea el documento relacionado en esta página).
Duros cuestionamientos
Enrique Scalone, vicepresidente I° de la International Fiscal Association (IFA), asegura que “lamentablemente, esta medida provincial constituye una sentencia de muerte al Pacto Fiscal Federal y desata una distorsión económica significativa que seguramente tendrá correlato en otras jurisdicciones al vaivén de sus necesidades de recaudación, afectando con ello la conducta de actores económicos, como empresas y consumidores”.
Scalone remarca que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es "un impuesto distorsivo, por su efecto acumulativo en las distintas etapas del ciclo económico, que repercute multiplicadamente en los precios al consumidor final ”.
“La mejor neutralidad posible se obtendría con un gravamen general, no acumulativo y de alícuota única, sobre las ventas minoristas”, aclara. Bajo esa consigna, destaca el contraste con la reforma bonaerense y dice: " Va justamente en la dirección contraria . Efectúa una discriminación entre contribuyentes grandes y pequeños, lo que significa que la venta de un mismo producto va a estar gravada con diferente incidencia, según quien la realice, con la lógica incidencia que ello tendrá sobre los precios que paga la población”.
En esta línea, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) también objeta la reforma impositiva. Desde el organismo, aseguran que "los cambios propuestos conllevan desaliento al consumo afectando primordialmente a toda la comercialización de bienes y servicios”.
Como ejemplo de los efectos negativos de la nueva ley, desde la CAC manifiestan que “en lo que respecta a la publicidad y propaganda, realizada en el interior de los locales comerciales, la ley estaría reconociendo la aplicación de los derechos de publicidad y propaganda por parte de las municipalidades sobre un supuesto que no se encuentra contemplado en la ley Orgánica Municipal (LOM)”.
“De este modo, la provincia estaría implícitamente reconociendo este nuevo derecho a las municipios, con un grave perjuicio potencial para los contribuyentes afectados por estas verdaderas exacciones ilegales”, afirman.
Por otra parte, el director general de la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA), Horacio Delorenzi, considera que “ el incremento es absurdo " y que la entidad "seguirá el camino judicial" para impedir la suba.
Delorenzi sostiene que la suba del 3,9 al 4,5% del gravamen, junto con los impuestos nacionales y municipales "representan al 60% del margen" del 13% con el que trabajan las concesionarias y que el incremento tiene “ carácter confiscatorio ”.
Marcelo Domínguez , miembro del estudio Lisicki Litvin & Asociados, afirma que “esta medida, de neto corte recaudatorio , puede afectar la competitividad de nuestra economía, y también la equidad tributaria y la seguridad jurídica de los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.
Con respecto a la competitividad, puntualiza: “Evidentemente la suba de alícuotas y la eliminación de exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos afecta el compromiso asumido por la Nación y las Provincias para disminuir los impuestos que recaen sobre la producción local, tales como el Pacto Fiscal de 1993 y el Compromiso Federal de 1999”.
De acuerdo con el especialista, “la mayor presión fiscal que recaerá sobre la actividad económica local, y que se trasladará a los precios de los bienes y servicios que se comercializan, puede afectar gravemente la competitividad de nuestra economía en el ámbito internacional”.
Por otra parte, señala que los cambios que adopta unilateralmente cada provincia, a los efectos de lograr una mayor recaudación tributaria, "pueden generar problemas de inequidad tributaria y también de inseguridad jurídica entre los contribuyentes”.
“En efecto, las diferencias de criterio que adopta cada Jurisdicción con el propósito de definir bases imponibles, exenciones y alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que recae sobre contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral genera, por una parte, inequidad tributaria entre quienes, manifestando similar capacidad contributiva, deben tributar en distinta medida”, asegura Dominguez.
En este sentido, pone de relieve que “estas diferencias de criterio, adoptadas de manera unilateral por una jurisdicción, generan inseguridad jurídica en los contribuyentes que, aplicando las normas del convenio multilateral vigente, atribuyen bases imponibles de Ingresos Brutos a provincias con alícuotas menores, y luego tal atribución es cuestionada por las provincias que prevén alícuotas mayores para la misma actividad”.
El especialista concluye que “deberían evitarse los problemas de inequidad tributaria e inseguridad jurídica. Todas las jurisdicciones deberían unificar sus criterios acerca de las bases imponibles, exenciones y alícuotas de este impuesto”.
En el mismo sentido, Héctor García , socio de García, Perez Boiani & Asociados, sostiene que “si bien esta ley responde a la necesidad de reducir el déficit fiscal provincial, es evidente que todo impuesto que grave ingresos brutos o montos facturados, sin hacer foco en la necesidad de gravar la renta o ganancia, es desalentador a largo plazo y el conflicto rural ha sido una muestra en tal sentido”.
Adicionalmente, otros especialistas consultados por iprofesional.com, que prefirieron no revelar su identidad, cuestionan la eventual suba de Ingresos Brutos y dicen que “en lugar de dirigirse hacia una eliminación del citado tributo, nuestras provincias acentúan su incidencia cada vez que sus cuentas fiscales no cierran, cuando quizás sería mucho más razonable que se intentara bajar el gasto”.
Y añaden: “Sería importante que tanto los integrantes del Poder Ejecutivo como el Parlamento no restrinjan su visión a la duración de su mandato, sino que de una vez por todas representen a los habitantes de la provincia e intenten construirla seriamente a largo plazo”.
La aprobación de Ley de Reforma Tributaria, puede ser resumida en los siguientes puntos:
- Con la medida, el Gobierno proyecta incrementar sus ingresos en lo que resta del año en alrededor de 900 millones de pesos , monto que treparía a unos $2.200 millones en el 2009.
- Su aprobación contemplan fuertes incrementos en las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos y, en consecuencia, aumento de la presión tributaria sobre determinados sectores de la producción.
- Básicamente se puso fin a las exenciones que regían para las industrias asentadas en la provincia con una facturación anual superior a los 60 millones de pesos que actualmente están exentas y pagarán un 1 por ciento.
- Las industrias que introducen sus productos desde otro lugar tributarán 3 por ciento.
- Los comercios que superen una facturación de $30 millones por año pagarán del 3 al 4,5 por ciento.
- Los servicios , en tanto, mantendrán el 3,5% que pagan actualmente.
- La nueva ley también incrementó en más del 50% el valor de la alícuota que actualmente tributan los bingos y tragamonedas en concepto de Ingresos Brutos, que subió del 3,5 al 6 por ciento.
- La nueva ley contempla también la posibilidad de que la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) pueda establecer regímenes de percepción y de regularización de deudas , entre otros aspectos.
- La normativa prevé rebajas el impuesto Inmobiliario Urbano para viviendas humildes o valuadas en menos de $100 mil.
- La ley crea además un Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales , que incrementa los recursos asignados a las comunas que se comprometan a no aplicar los gravámenes de Tasa de abasto o la de Publicidad y propaganda.
Como contracara, se derogó el Impuesto a la Riqueza , una sobrealícuota que se cobraba sobre el impuesto Inmobiliario Urbano y el de Automotores para aquellos contribuyentes que tienen un patrimonio superior al medio millón de pesos.
Fuente: Paola Quain. Diario Infobae Profesional. Lunes 28 de julio de 2008.
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La AFIP ajusta el control sobre los fideicomisos
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó que desde hoy comenzará a recibir la información referente a los fideicomisos que fueron constituidos entre 2005 y 2007, con el fin de llevar adelante un fuerte control sobre los inversores.
Si bien de acuerdo la información suministrada por el organismo, el plazo rige desde el domingo pasado, considerando que se trata de un día inhábil; a partir de hoy los seguimientos se perfeccionarán al cruzar los datos recibidos con la información que surja de las declaraciones anuales en el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales que presenten las empresas o particulares que inviertan sus fondos en dichos instrumentos financieros.
En cuanto a los fideicomisos financieros que emiten certificados de participación, si bien las utilidades que obtienen no están alcanzadas por Ganancias, el fisco nacional apunta a que los operadores justifiquen el origen de los fondos invertidos.
Controles
Desde junio el fisco cuenta con la totalidad de las declaraciones anuales de Ganancias y Bienes Personales 2007 correspondiente a empresas y particulares.
De esta manera, el fisco entrecruzará los montos invertidos en fideicomisos en relación a la posición anual en Ganancias y Bienes Personales. En caso de surgir inconsistencias, los operadores deberán justificar el origen del dinero.
Los fideicomisos, además de estar constituidos por inversores, están formados por quienes aportan el terreno y el capital del proyecto en un fideicomiso inmobiliario (fiduciantes) y aquellos que administran los bienes aportados (fiduciarios).
En ese sentido, los fiduciantes también pueden aportar un flujo de fondo futuro, por ejemplo el resultado de una cosecha que aún no se a llevado a cabo.
En relación con este tipo de controles, Enrique Scalone , vicepresidente 1° de la International Fiscal Association, y titular del estudio que lleva su nombre, explicó que se realizan porque “los fideicomisos se basan en un desapoderamiento patrimonial inicial de los fiduciantes, es decir, en una disminución de su patrimonio justificado por el mecanismo de aquellos”.
Por ese motivo, los organismos dan mucha importancia al impulso de los controles sobre los fideicomisos.
Con respecto a los controles que deberá hacer la AFIP, Scalone aclaró que: “Lo hará mediante un seguimiento electrónico de dichos movimientos para luego contrastar sus resultados con las pertinentes declaraciones juradas de los individuos o empresas involucrados”.
Información solicitada
La resolución general 2419 estableció que deberán suministrar durante esta semana las características de los fideicomisos constituidos entre 2005 y 2007.
En referencia a los datos a informar, la AFIP solicitó respecto a fiduciantes, fiduciarios, beneficiarios y fideicomisarios, sus apellido y nombres, denominación o razón social, CUIT, CUIL o CDI.
También deberán determinar la clase o tipo de fideicomiso y datos identificatorios de los bienes y monto total por entregas de dinero o bienes realizados por los fiduciantes en el período a informar así como el total acumulado por cada período informado, valuados de acuerdo a la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En tanto, en relación a los fideicomisos financieros, el fisco pidió respecto a fiduciantes, fiduciarios, beneficiarios y fideicomisarios los mismos datos requeridos para los fideicomisos no financieros.
También determinó que se debe informar el valor nominal y residual de los títulos valores representativos de deuda y la información clave respecto a los certificados de participación.
A su vez la norma aclara, en referencia a los beneficiarios, que deberán informarse dichos datos, sólo cuando se cuente con los mismos.
Con referencia a este punto, importantes estudios impositivos que no quisieron develar su identidad afirmaron que “si bien la resolución deja abierta la posibilidad de no suministrar los datos de los beneficiarios, el programa de software que genera la declaración jurada no permite generar la misma si no se cargan la información referente a los inversores”.
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Macri suma pautas para medir el riesgo fiscal porteño
La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos porteña (AGIP) sigue agregando pautas a tener en cuenta al momento de medir el riesgo fiscal de cada empresa. Los contribuyentes considerados de "alto riesgo fiscal" sufren la aplicación de alícuotas agravadas en retenciones y percepciones correspondientes al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Los nuevos parámetros se dieron a conocer mediante la publicación de la resolución 2706/2008.
La nueva normativa determina que, además de las pautas ya vigentes, serán consideradas empresas de "alto riesgo fiscal" a :
Esta pauta se suma a las ya existentes :
En los considerandos de la resolución se expresa que "resulta necesario incorporar otros universos de contribuyentes o responsables al padrón, de acuerdo con nuevos parámetros analizados que permiten su calificación".
Fuente: Diario Infobae Profesional. Lunes 28 de julio de 2008. |
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El IEFPA es un centro de estudios sin fines de lucro, con personería jurídica de "Asociación Civil" en la Republica Argentina, resolución nº 284 del 01 de abril de 1996 otorgada por la Inspección General de Justicia.
Su objetivo es estudiar, analizar e investigar las ciencias que conforman las Finanzas Públicas, constituyendo un núcleo receptor y difusor de ideas y experiencias propias del ámbito financiero público, así como un lugar de reflexión y formación de profesionales de la materia.
Sus miembros activos son tanto funcionarios públicos de las administraciones de nivel nacional, provincial y municipal, como docentes e investigadores del sector privado cuya trayectoria profesional está relacionada con la actividad financiera del Estado.
Entre sus actividades específicas destinadas a la Formación Superior de los Administradores Fiscales de Argentina, el IEFPA edita libros y publicaciones periódicas, dicta cursos, carreras de posgrado, conferencias y seminarios.
Por otra parte, las comisiones permanentes de estudio e investigación, mantienen convenios de cooperación técnica con las más prestigiosas instituciones del ámbito público y privado de la tributación nacional e internacional.
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Asignaturas que se cursan en las distintas carreras: Epistemología y Metodología de la Investigación Científica - Teoría Política y Social - Teoría Económica - Derecho Constitucional y su Relación con el Derecho Financiero y Tributario - Economía del Sector Público - Gestión y Control del Gasto Público - Política Fiscal - Procedimiento Tributario y Penal - Sistema Tributario Argentino. Análisis Integral y Estudio de Aspectos Específicos - Tributación Internacional - Administración Tributaria - Economía - Relaciones Internacionales - Econometría - Historia Económica Internacional - Comercio Internacional - Instituciones Económicas Internacionales - Derecho Internacional - Tributación Internacional - Estrategias de Negocios y Marketing Internacional - Sistema Financiero y Económico Internacional - Integración Económica - Epistemología y Metodología de la Investigación Científica - Economía Internacional y Desarrollo Económico - Planificación Económica y Relaciones Internacionales - Integración Económica en el Continente Americano - Seminario de Tesis - Introducción a la materia aduanera - Importación - Exportación - Diferentes aspectos del comercio internacional - Tributos regidos por la legislación aduanera. Prohibiciones - Régimen legal aduanero - Gestión Aduanera. Procesos de modernización - Derecho Constitucional Tributario - Derecho Procesal y Derecho Procesal Tributario - Procedimiento Tributario Previsional - Régimen Penal Tributario y Previsional - Seminario Superior de Procedimiento Tributario - Seminario sobre Delito Fiscal
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